Al visitar el museo de la Topografía del Terror en que se ha convertido la antigua sede de la Gestapo en el centro de Berlín uno admira el acuerdo alcanzado para que unas instalaciones administrativas -no un campo de concentración- acabasen siendo un ejemplo de y contra la barbarie nazi. El Valle de los Caídos no es una oficina de la represión ni un centro de tortura, pero sí un símbolo donde el poder religioso y político se unen para evidenciar el sometimiento del enemigo: la exhibición de una marcha triunfal que tiene por epicentros las tumbas de Franco y José Antonio, divinidades que se erigen sobre los miles de columbarios en los que se entremezclan los españoles de la guerra de un bando y de otro. La Iglesia ha blanqueado durante décadas este lugar macabro como sitio de culto y de visitas, alterado puntualmente por las celebraciones nostálgicas de los aniversarios del dictador. A la Conferencia Episcopal le han importado un pimiento la reconciliación, los derechos de los herederos de los enterrados o la Memoria Histórica. La estructura legal que ampara el monumento obliga al gobierno de Pedro Sánchez a contar con el criterio religioso, o bien a legislar en contra de sus intereses místicos para romper de una vez por todas el anacronismo. Se espera con impaciencia un pronunciamiento eclesiástico para remover y trasladar los restos de ambos jabatos, y también sobre la idea de que el Valle de los Caídos pase a ser un megacentro educativo sobre el periodo político previo y posterior a la Guerra Civil. Los expertos ya han advertido que una identificación definitiva de los restos va a ser imposible, dados los efectos de la humedad. Ellos mismos hablan de "un cadáver colectivo", de una fusión de esqueletos y de huesos sueltos que, en sí, representan, añado yo, la verdadera tragedia de una civilización. El terror.
