Era el principio de los 2000 y todo parecía avanzar a una velocidad vertiginosa. Los españoles nos endeudábamos cada vez más y el consumo tiraba de una economía cuyo crecimiento parecía no tener fin animada por el turismo de sol y playa y una burbuja inmobiliaria que la abundancia nos impedía reconocer. En ese contexto, la propuesta de ampliación de un muelle en el municipio de Agaete parecía una buena oportunidad: el boom de la construcción estaba en alza, nadie cuestionaba nada y Europa pagaba diligentemente cualquier proyecto que tuviera visos de dinamizar la economía de las regiones ultraperiféricas. Y dentro de las infraestructuras, los puertos eran la estrella: obras de enorme envergadura, incuestionables por su supuesta capacidad de generar desarrollo local y muy útiles para cazar fondos faraónicos que España aún peleaba por recibir frente al auge de las nuevas economías del este de Europa. En ese momento, en el que la fiesta parecía no tener fin, la ampliación del puerto de Agaete fue aprobada con un proyecto deficiente, un proceso de consultas públicas que pasó desapercibido y una memoria socioeconómica de dos páginas que, en cualquier otro contexto y país del mundo, no serviría ni para justificar el gasto en el bocata de la escuela.
Hoy, casi 20 años después, el panorama ha cambiado tanto que ya no nos reconocemos en aquella foto colorida a la que siguió una larga pesadilla dibujada en escala de grises. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchos de aquellos informes que prometían cambios estructurales debido a la construcción de infraestructuras ocultaban deficiencias tan sustanciales que rozaban la ciencia ficción. Pero nos dimos cuenta demasiado tarde. Cuando la música se paró y todos tuvimos que irnos cabizbajos a casa o, mejor dicho, a llenar las colas del paro. Durante todo ese tiempo se construyeron aeropuertos, carreteras radiales y puertos, decenas de puertos, a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Hasta un total de 16.900 millones de euros de Fondos Europeos, según el informe del Tribunal Europeo de Cuentas, naufragaron en los espigones de las costas de nuestro continente sin que nos diéramos cuenta de que ese dinero eran nuestras opciones de capear una crisis brutal escapándose por el sumidero de las políticas públicas. Y como resto de todo ello, como último estertor de aquellos días de puesta de largo de la economía del cemento en Canarias, heredamos el proyecto de ampliación del muelle de Agaete.
Así que hace unos días no pude ocultar mi estupor al leer cómo Pablo Rodríguez, vicepresidente de Canarias, afirmaba en el Parlamento que la ampliación del muelle de Agaete no se hacía por el interés del municipio, sino por el interés general de Canarias. Su reflexión, repetida hasta la saciedad por todos los defensores del muelle, trajo a mi mente la famosa frase del pensador francés Edmond Thiaudière: "La política es el arte de disfrazar de interés general el interés privado". Y en esto, nuestros representantes tienen tanta pericia como dialéctica. Pero paremos un momento a analizar ese supuesto interés general que parece anular toda oposición lógica y fundamentada a un proyecto. En primer lugar, la obra planteada no ofrece ningún servicio nuevo respecto a la actual infraestructura, únicamente amplía la capacidad del muelle para transportar pasajeros y mercancías. Esto, por supuesto, sería muy bienvenido? si hiciera falta. Pero resulta que no es así. El actual servicio de Fred. Olsen se encuentra a menos de un 30% de su capacidad y todavía existe la posibilidad de ampliar el número de trayectos.
En paralelo a este argumento, el Gobierno ha defendido siempre la capacidad que el nuevo muelle tendrá para dinamizar la economía del norte de la Isla. Un argumento un tanto surrealista si tenemos en cuenta que, desde la creación del actual muelle (que repito, ofrece los mismos servicios que el nuevo), el norte de la Isla se ha desindustrializado, el paro no ha dejado de crecer y lo único que parece tirar del carro es un creciente turismo totalmente vinculado a las capacidades endógenas y diferenciales que ofrece uno de los parajes más pintorescos de la Isla. Para entendernos, en estos días de fútbol y pandereta, la suma de estos argumentos equivaldría a decir que ampliar el estadio de la extinta Unión Deportiva Vecindario tendría como resultado un lleno absoluto del graderío: no hacen falta más sillas, lo que falta es el equipo. De igual manera, en el norte de la Isla, no se necesitan más barcos, se necesitan planes adaptados al contexto que pongan en valor sus capacidades y potencialidades.
Pero cuando los argumentos sobre la utilidad del muelle hacen aguas, el Gobierno ha recurrido a la cuestión de la competencia: no se puede mantener un muelle que sea explotado por una única naviera, Fred. Olsen. Y en esto, todos parecemos estar de acuerdo. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentenció que esta compañía estaba recibiendo un trato de favor por parte del Gobierno de Canarias, por lo que, efectivamente, es necesario abrir el muelle a la competencia. Pero la respuesta a esto nos la ha dado en varias ocasiones la propia Consejería de Obras Públicas del Cabildo. En 2013, en la declaración de impacto ambiental, el Gobierno aseguraba que "no se espera un incremento significativo del número de embarcaciones que efectuarán el trayecto entre Gran Canaria y Tenerife ya que la inclusión de la naviera Armas llevará aparejada, en igual número, una disminución de las rotaciones de las efectuadas por Fred. Olsen". Es decir: el doble uso compartido de la actual infraestructura es posible, lo único que habría que hacer es repartir las frecuencias. Además, en el caso de que esta opción no agradase a nuestros políticos, siempre se puede sacar a licitación el uso del muelle y, por consiguiente, ya existiría competencia sobre su gestión, al igual que se hace en todos los transportes rodoviarios de la Isla (¿o es que hay varias empresas de guaguas operando las mismas líneas de transporte urbano?).
La cuestión ahora es analizar quién se beneficiará entonces de la construcción del muelle de Agaete. Parece que este caso no es muy diferente de lo que ha ocurrido en el resto de Europa: el propio Tribunal Europeo de Cuentas afirma en el mismo informe citado anteriormente que "al menos el 50% de los puertos construidos con fondos europeos están actualmente inutilizados". No fue la ciudadanía. Fueron las empresas que los promovieron y las que los construyeron las que especularon con los terrenos recalificados y las que, aduciendo al interés general, supieron sacar provecho propio.
Así que, señor Rodríguez, no se equivoque con los términos: cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial el emperador Hirohito repetía una y otra vez que había que "soportar lo insoportable", era el interés del General el que prevalecía, no el del pueblo. Parece casi lo mismo, pero sus consecuencias son ligeramente diferentes: en uno, unos trabajan para que ganen todos y en el otro, todos dan el callo para que se aproveche uno. Así que no intenten engañarnos: no es en nuestro nombre en el que construyen el muelle, sino en el suyo propio.
