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OBSERVATORIO

La corrupción

En los últimos años, habida cuenta de la lentitud de la Justicia española, hemos sido informados no sobre la presunta corrupción del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español, sino sobre la corrupción de ambos partidos antes de que un tribunal dictara una sentencia condenatoria, y mucho antes de que la sentencia en cuestión fuera firme. Finalmente hubo condenas a líderes y miembros del PP, por el caso Gürtel y más recientemente ha habido condenas de líderes y miembros del PSOE por el caso de los ERE. No hay sentencia firme en ninguno de los casos mencionados, ni en otros que siguen instruyéndose, de manera que los telediarios y periódicos en los próximos años seguirán hablando de los casos de corrupción del PP y del PSOE, aunque haya pasado más de una década desde que tuvieron lugar esos casos de corrupción. También seguirán hablando los telediarios y periódicos de los casos de corrupción de varios partidos políticos catalanes, aunque hayan cambiado de nombre, y no es improbable que aparezcan nuevos casos de corrupción.

No hay que olvidar que la derrota electoral de Felipe González, en 1996, debe mucho a la corrupción y que Mariano Rajoy perdió la presidencia del Gobierno por la corrupción de su partido. La corrupción económica no ha sido patrimonio de ningún partido político, ha estado extendida por España como una mancha de aceite con posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1978, y antes de ésta estaba muy arraigada en España, solo que en una Dictadura la corrupción permanece en la oscuridad, mientras que en democracia, aunque no siempre, se descubre y se castiga a los corruptos.

El PSOE y el PP, González y Aznar, podrían haber puesto fin a la corrupción económica en la década de los 80 mediante un pacto. Pero no lo hicieron, y todos los gobiernos del Estado, autonómicos y locales practicaron la corrupción en mayor o menor medida en las últimas décadas. La corrupción no tiene justificación en caso alguno, aunque no consista en que los políticos se enriquezcan personalmente. Tan grave es ese tipo de corrupción, la que tiene por finalidad el enriquecimiento personal, como la consistente en obtener comisiones para mantener los partidos políticos, o para captar y fidelizar el voto de los ciudadanos.

Y no menor relevancia tiene la corrupción moral que tiene múltiples derivadas, entre ellas no deja de ser preocupante que la selección de funcionarios, jueces u otros servidores públicos poco tenga que ver con los méritos y capacidades de los seleccionados, sino por la influencia de su círculo empresarial, político o familiar.

Pero, a nuestro juicio, no se está prestando atención a los efectos colaterales nocivos que la corrupción tiene en la economía y en la excelencia de nuestra sociedad. No debe olvidarse que para que haya un corrupto es necesario que exista un corruptor, y es indiferente el orden de los factores, es decir, que el corrupto sea el que presiona a personas o empresas para obtener comisiones y concederles ventajas o que sean personas o empresas las que se dirijan a los corruptos para obtener favores de éstos. Sin corruptos no habría corruptores y sin corruptores no habría corruptos. El grave daño colateral que la corrupción produce consiste en que, por ejemplo, en la contratación pública, no se adjudiquen los contratos a las mejores empresas, sino a las que son capaces de corromper a los que adjudican las obras públicas. Y la consecuencia es que las empresas más competitivas, las excelentes, quedan al margen e incluso desaparecen del mercado si sus directivos no tienen habilidades corruptoras. Así, la contratación pública, en vez de servir para fomentar la excelencia de nuestras empresas, elige a los menos eficientes pero más corruptos, con un deterioro paulatino de nuestra economía y de nuestra sociedad en manos ineficientes. Y la corrupción moral que excluye a los más capaces tiene como consecuencia que el nivel de nuestros servicios públicos descienda hasta límites deplorables al dejarlos en manos de personas menos capaces.

La corrupción económica y moral está muy afianzada en las personas corrientes, en los políticos, en los jueces y en los legisladores. Hay mucho de hipocresía entre los que se rasgan las vestiduras al conocer la corrupción política. Muchos de ellos son corruptores o han consentido la corrupción. Entre los numerosos ejemplos que podrían ponerse es hipócrita considerar que no es corrupción engañar a la Hacienda Pública, pagando menos impuestos, es decir, sustrayendo fondos al Estado que podrían servir para construir hospitales o escuelas. Y es hipócrita no considerar corrupción la extendida práctica de copiar en los exámenes, o plagiar másteres y tesis. Y es hipócrita no considerar corrupción disculpar al amigo corrupto y cargar las tintas con el que no es amigo. Y es hipócrita esa conducta, tan española, del "tú más", como justificación de la corrupción económica o moral, supuestamente, porque otros hacen lo mismo o porque supuestamente otros son más corruptos.

La corrupción económica y moral, sean políticos o no sus autores, hay que perseguirla sin tregua alguna. No solo en España, sino en Europa. Cualquiera que conozca la Unión Europea y los mecanismos de que se ha dotado para prevenir y combatir la corrupción puede comprobar que nos encontramos ante un fenómeno que está muy extendido por toda Europa. Y conviene saber que no se dan, a nivel europeo, más casos de corrupción económica en España que en los demás estados europeos. No sucede lo mismo, lamentablemente, con la corrupción moral, que está más extendida en los estados mediterráneos.

En las democracias europeas la corrupción se persigue con un rigor que es desconocido en el resto del mundo. Y así debe ser. La presión contra la corrupción económica de los poderes públicos debe intensificarse. Pero no es suficiente que existan leyes que penalicen esas conductas corruptas económicas y morales, es necesario ir más allá. Es necesario que el nivel ético de la sociedad, de los ciudadanos, se incremente. No debiéramos, como en tantas ocasiones, coger el rábano por las hojas, afrontando solo las consecuencias y no las causas de fenómenos como la corrupción. Hay que afrontar ambas. De no ser así, ocurrirá como en el día de la marmota, una y otra vez nos despertaremos en el mismo escenario.

Felipe Guardiola. Abogado. Exmiembro del Consejo de Europa

Enrique Linde. Catedrático de Derecho Administrativo

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