Por fin. Gracias a la ministra Irene Montero, el sí será sí. Hasta ahora y desde siempre, sin que nos diéramos cuenta de tal atrocidad, el sí era un no y el no, un sí. Ya era hora de que solo el sí fuera sí y el no, un sí tácito cuando no sea un sí expreso, pero no siempre. Porque si solo el sí documentado es un sí, el sí tácito, el normal en muchas relaciones humanas, especialmente en las íntimas, asumido como tal, dejará de ser sí para ser no. Y el no presunto será un no reforzado, pues hay noes tan presuntos como los síes y tan difíciles de evaluar como los síes no manifestados expresamente. Un lío. Pero, ahí está.
Esta gran noticia, anunciada con la pompa que merecen las cosas más estultas, propias de inclinaciones ideológicas o primitivas y escasamente dotadas de sensatez, ya es objeto de agrias citas en los espacios privados en los que se ejercita la libre expresión sin ataduras o censuras y, sobre todo, donde la ironía destaca sobre la apariencia rigurosa de ideas peregrinas.
Vayan por delante, sin voluntad ninguna de ofender, algunas consideraciones que no parecen haber tenido en cuenta los o las promotores o promotoras de la propuesta.
Qué va a suceder si muchas mujeres se niegan a ofrecer un sí expreso. En el uso de su libertad. ¿Se les va a obligar? ¿En ese caso el varón debe huir del suceso aunque sea de una evidencia incontestable la aceptación del galanteo? ¿Habrá que educar a las mujeres a emitir respuestas expresas aunque no quieran? ¿Y qué sucederá si no se impone en la práctica esta exigencia del sí expreso porque las mujeres no quieren y prefieren hacer lo que les parezca sin sentirse atacadas cuando emiten su consentimiento de forma tácita? Porque, si la ley exige el sí expreso, aunque la mujer no lo denuncie, todo acto con el solo consentimiento tácito sería una violación y el riesgo del varón, una evidencia. Las relaciones estables, en las cuales el sí está implícito y es generalmente acordado, serán lugar de delito continuado y el matrimonio su máxima expresión. Asumir con naturalidad ser violadores por decisión legal, es un exceso que merece una respuesta. Convertirse en machos mantis aceptando el riesgo de ser devorados no es cosa baladí.
No obstante, fuera de esta menudencia, que convierte a los varones en delincuentes por ignorancia o negligencia, es evidente que el sí de Irene Montero, aunque diga lo contrario, se ha de documentar en papel, cual contrato, ante testigos de forma oral o por medios de grabación o reproducción, pues ese sí, sin prueba que lo acredite, es tan etéreo como el sí tácito. La prueba es lo determinante y ahí la señora Montero, aunque lo ha insinuado, no va a poder conseguir nunca que la palabra de la mujer, por el hecho de ser mujer, vaya a misa y sirva para condenar a varón viviente todo. Por mucho que se empeñe en descalificar a policías, guardias civiles y jueces y fiscales, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. La solución para que el sí expreso sea realidad es que se documente o volver al tormento, técnica inquisitiva medieval propia de la prueba tasada que la ministra no dudaría en reivindicar con esa alegría propia de la ignorancia radical y orgullosa.
La Comisión General de Codificación se mostró disconforme con esta reforma, no obstante lo cual, la ignorancia se hará ley. La ley será obra de indocumentados que no son conscientes del estropicio que van a propiciar y de la inutilidad de su obra. Porque, hagan lo que hagan, la prueba es ajena al Código Penal y la voluntad se regula por normas generales, que no pueden ser negadas por el Código Penal. Dudo mucho que una norma tan elementalmente absurda, aunque ideológicamente perversa, supere el control constitucional derivado del superior valor de los derechos fundamentales que impide que nadie sea condenado en virtud de una regla desproporcionada fruto de una ideología de género poco apreciable en algunas de sus propuestas. Porque, si no hay dolo o ese dolo se compruebe inexistente, aunque no exista un contrato o acto similar que lo pruebe, la condena no será posible en este sistema democrático.
Tal vez lo que se persigue es atacar a un Poder Judicial que no podrá transigir con norma tan absurda, salvo que la redacción de la misma se quede en agua de borrajas y no diga más de lo que es obligado decir. No que solo el sí expreso es sí, sino que también lo es el sí tácito. Pero, si dice lo que Montero dice que debe decir, preparémonos para un nuevo ataque al Poder Judicial y a la democracia burguesa.
La culpa es de quienes abren la puerta a tal cúmulo de despropósitos cuyo objetivo es vender populismo y discurso de apariencia progresista. El problema que van a crear es de tal magnitud que parece mentira que hayamos llegado hasta aquí. Tal vez sea necesario que la realidad les demuestre lo que son.
