La Ley de Servicios Sociales aprobada en sede parlamentaria justo hace un año, recogía medidas que hubieran sido muy útiles en la lucha contra el Covid-19 de haberse cumplido con los plazos o financiación que recoge.
Para empezar, cabe recordar que solo el año de su aprobación el gobierno anterior la dotó de los 55 millones de euros que recoge como obligación el joven texto legislativo, y esto permitió incrementar los precios que se abonan a residencias de mayores, discapacidad o menores. De haberse presupuestado igualmente este año el nuevo incremento habría dado algo de oxígeno a los centros que hoy atienden a los más vulnerables ante el virus maldito.
No solo porque podrían contar con más recursos para mejorar las condiciones de sus trabajadores, sino porque podrían tener algún margen para reforzar sus barreras al contagio. Nuestra red de recursos, tras la crisis pasada, sufrió un congelamiento de la financiación que ya estaba lejos de los gastos reales del servicio que se les exigía. La aprobación de la Ley y el compromiso de incremento anual llenó de esperanza a muchos centros que hoy no solo no reciben la mejoría que entendían segura por estar blindada en la ley, sino que parecen estar en tierra de nadie a la hora de suministrarle las mascarillas y equipos de protección a las que tienen derecho todos los sanitarios.
El silencio de este amplio número de trabajadores públicos y privados, residenciales o de domicilio, que vuelven cada día a sus casas y entran a los hogares de sus usuarios mayores tienen su origen en el miedo. Miedo a perder el empleo, un empleo precario en muchos casos que deben defender, cuando a su alrededor familiares cercanos padecen los interminables anuncios de ERTE.
También por su amor a las personas que cuidan porque este es un trabajo muy vocacional en el que los lazos de cariño se refuerzan cada día y en el que se llora a menudo la pérdida de la persona de la que se ocupaban. La financiación, que como recoge la ley ha de ir creciendo durante seis años, les permitía también abordar mejoras en sus infraestructuras y equipamientos porque muchos de estos centros son de gran antigüedad y mantenerlos de forma óptima implica reducir gastos siempre necesarios para usuarios y pacientes.
La concertación social que también recoge la nueva Ley daría estabilidad y margen económico a todas esas ONGs que hoy trabajan a destajo con sus voluntarios para ayudarnos a todos y a todas, en hospitales de campaña, en ambulancias, distribuyendo comida, haciendo acompañamientos en domicilio, encargos, etc.
Entidades que viven de un IRPF que no saben cuándo llegará y de subvenciones cuyo importe y fecha es siempre desconocido. La concertación y la mejora de la financiación de la red de recursos hubiera sido una barrera más ante un virus que ataca prioritariamente a los que atienden nuestros héroes de cada día, que no solo están en los hospitales, que se cuentan por cientos en cada uno de nuestros pueblos y miles en nuestras ciudades.
Espero que les llamen, uno a uno, cosa que aún los responsables de Derechos Sociales de este gobierno no han hecho y se enteren como me he enterado yo de los milagros que están haciendo y harán mientras puedan.
Espero que estos responsables desde su casa estén trabajando los reglamentos y el dinero necesario para cumplir la Ley y que cuando esto pase nuestra red de recursos tenga puesta una gran mascarilla que proteja a nuestros mayores, personas con discapacidad, dependientes y menores con más garantía.
Y también espero un poquito más de cariño y preocupación del mostrado hasta ahora por la consejera Noemí Santana para estos colectivos tan vulnerables. Que no se quede solo en buenas palabras y actúe ya. Aunque sea tarde. Actúe.
