El ser humano es un animal al que le gusta contar y que le cuenten historias. Y en los momentos en que se ve obligado al confinamiento esta propensión se le acentúa. No por otro motivo, Boccaccio sitúa su Decamerón en el contexto de la pandemia más devastadora de la Historia, la peste negra, y más concretamente en la Florencia de 1348, uno o dos años antes de que escribiera su obra. En la ciudad asolada por el mal, un grupo de jóvenes, conductores de las páginas del libro, mata las horas contándose historias, algunas fabuladas y otras, como la expedición a Canarias de Lanceloto Malocello, ciertas. En estos días en que otra pandemia amenaza los cuerpos y las mentes de los humanos, los periódicos cumplen una función imprescindible informando sobre ella, pero pueden prestar otro servicio contando historias a los lectores a los que les gusta que se las cuenten. Pensado para estos, lo que sigue es pues un relato sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1838 en Las Palmas, una mera síntesis, como hizo Boccaccio con la historia de Malocello, de lo que contó otra autora más cualificada que el periodista para relatarla. María José Betancor Gómez, así se llama esta autora, profesora de Historia de la Ciencia de la ULPGC, tituló el artículo del que bebe el periodista "Epidemia y conflictividad social: la fiebre amarilla de 1838 en Las Palmas" y lo publicó en el tomo correspondiente del XIII Coloquio de Historia Canario-Americana de la Casa de Colón, disponible en la red. Además es firmante de un libro sobre el asunto, Epidemias y pleito insular. La fiebre amarilla en Las Palmas de Gran Canaria en el periodo isabelino (2002), que el periodista, recluido en su casa, no ha podido consultar en biblioteca alguna.
A diferencia de la actual, la epidemia de 1838 no vino de Oriente sino de Occidente, de La Habana concretamente. Un bergantín español que arribó a Las Palmas el 23 de agosto de 1838 la traía en su carga. Varios tripulantes y pasajeros sufrían dolencias que obligaban a mantener la nave en cuarentena quince días y no ocho, como finalmente se hizo. Ello provocó el pánico entre una población que tenía muy presente aún la mortandad provocada por la epidemia de fiebre amarilla de 1810-1811 y que por ello protestó contra la Junta Municipal de Sanidad. Algunos marinos de la nave fueron reemplazados por tripulantes canarios que murieron, lo que incrementó el malestar entre los ciudadanos a los que las autoridades intentaron tranquilizar diciéndoles que estos decesos habían sido provocados por indigestiones.
Las Palmas contaba entonces con apenas cinco médicos para una población de entre 18.000 y 20.000 habitantes, y de ellos solo uno, Antonio Roig, sostuvo desde el primer momento que el mal que había llegado con el buque, llamado Temerario, era la fiebre amarilla. Su diagnóstico le atrajo los ataques de una parte de las fuerzas vivas de Las Palmas y de otros segmentos de población que veían amenazados sus intereses si la epidemia se declaraba.
Pero el 31 de octubre, otro de los médicos de la ciudad, Gerónimo Navarro, confirmó que la autopsia que había realizado diez días antes a un criado fallecido del dueño del Temerario no dejaba lugar a dudas: había muerto por fiebre amarilla. El diagnóstico del doctor Navarro fue refrendado por el doctor Roig, mientras que los otros tres médicos se limitaron a no negarlo.
El Ayuntamiento capitalino, cuenta María José Betancor Gómez, que tiene entre sus fuentes principales escritos de Gregorio Chil y Naranjo, Agustín Millares Torres y Domingo Déniz Grek, constituyó entonces una Junta de Sanidad, formada por el propio consistorio, la Junta Municipal de Sanidad y las autoridades de la Isla que se reunía diariamente en la Iglesia de San Agustín. En principio dicho comité se formaba para atajar la expansión del contagio, pero lo cierto es con él se intentaba ocultar a la población que una parte importante de los miembros de las instituciones que la integraban había huido pese a que las leyes prohibían que las autoridades abandonasen poblaciones contagiadas.
Lo cierto es que, como ocurrió en otras epidemias durante el siglo XIX, la mayor parte de los ciudadanos se fue a los campos para escapar del mal, aunque los pueblos se habían acordonado para evitar el contagio con Las Palmas. Por lo demás, la Junta Provincial de la entonces provincia única de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, decretó la incomunicación de Gran Canaria, con aviso de pena de muerte para quien quebrantase tal disposición, así como exhortó al control del "buque contrabandista".
No fue hasta el 31 de octubre que el Ayuntamiento de Las Palmas informó a la ciudadanía de la situación. El comunicado firmado por el alcalde, el conde la Vega Grande, justificaba la actuación de la Junta Municipal de Sanidad y, sin afirmar sin ambages que lo que había descargado el Temerario era fiebre amarilla, declaraba que de haber sido así, esta ya había sido erradicada, pues, gracias a la rápida y eficaz actuación de autoridades y sanitarios, apenas había veinte enfermos. Por ello el Ayuntamiento concluía que la incomunicación decretada por la Junta Provincial de Sanidad no era procedente.
Pero el vómito negro, nombre que también recibe la fiebre amarilla, no se había esfumado aún y el diagnóstico de los doctores Roig y Rodríguez sobre otro enfermo del que dijeron que estaba afectado por el mal, extremo que negaron los otros tres médicos capitalinos, obligó al Ayuntamiento a autorrectificarse el 4 de noviembre: en un nuevo escrito dirigido a los pueblos de la Isla afirmaba que se habían tomado las medidas necesarias, que el enfermo había sido aislado y que los alcaldes debían hacer lo que considerasen oportuno para contener el posible contagio. Esta recomendación, que parecía una sugerencia para incomunicar Las Palmas, provocó la huida hacia el interior de comerciantes, abogados, escribanos, hacendados e incluso boticarios y médicos. Además la Audiencia, el Cabildo Catedral, el Juzgado de Primera Instancia y el Eclesiástico, la Junta Diocesana, la Subdelegación de Rentas y otras instituciones fueron trasladadas fuera de la ciudad, a la vez que la abandonaban también varios miembros del Ayuntamiento y de la Junta de Sanidad.
En estas circunstancias, y según testimonios recogidos y transcritos años después por Gregorio Chil, algunos miembros de la Junta de Sanidad que permanecieron en Las Palmas incitaron a la ciudadanía a la sublevación armada. Hubo entonces asaltos de varias casas de notables y hasta se encontró una mecha encendida en el despacho de Francisco Zumbado, comisionado subalterno de Desamortización.
Visto el cariz de los acontecimientos, el alcalde pidió al gobernador militar el envío de tropas, lo que le fue concedido, pero pese a ello a la noche siguiente la casa de otro prohombre fue objeto de asalto. Y, como si la ciudadanía que había permanecido en Las Palmas necesitase aún de más tensión, el 22 de diciembre el Ayuntamiento, sin la presencia del alcalde, reunido con la Junta de Sanidad acordó reclamar el desplazamiento desde Tenerife de dos médicos que habrían de clasificar la enfermedad, y para sufragar su venida y estancia decretó repartir una derrama entre los vecinos.
Ello provocó que las tropas regulares, la Guardia Nacional y el pueblo que se había aprovisionado de armas se levantaran entre el 22 y el 24 de diciembre para romper la incomunicación de Las Palmas y preparare su defensa, incluso con piezas de artillería.
El 27 de diciembre el comandante general y jefe político de Canarias, el Marqués de la Concordia, se desplazó con sus tropas a Gran Canaria a la que entró por Gáldar. Con él vinieron además dos médicos que se trasladaron a Las Palmas y celebraron una junta facultativa que emitió un dictamen el 31 de aquel mes. En él se declaraba extinguida la epidemia y se indicaba que podía decretarse la libertad de comunicación. Dicho dictamen, junto a una petición del propio marqués de la Concordia, fue remitido a la Junta Provincial de Sanidad y el 2 de enero del año siguiente esta puso fin al aislamiento de Las Palmas.
Como responsables principales de los disturbios, fueron detenidos los campaneros de la catedral y del seminario y un tambor de la milicia nacional y con ello se puso fin así a los actos violentos, aunque Las Palmas tardó en recuperarse del golpe económico. Por lo que respecta a víctimas mortales, aparte de las mencionadas al comienzo de este reportaje hay que indicar que no hubo ninguna más, o si la hubo no se conservan datos, y apenas si produjeron 300 contagiados. Y es que la anterior epidemia de fiebre amarilla había dejado inmunizada a la mayor parte de la población aunque esta, a falta de alguien que se lo contase, lo ignoraba.
