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Juan Goti Ordeñana

La nueva normalidad

El Gobierno de Pedro Sánchez ha metido al ciudadano español en tal maremágnum de complicaciones que le es imposible comprender los programas que se le han propuesto: “Una nueva normalidad”, con una “ley de memoria democrática”.

Si no dañara tan gravemente la aberración y el desbarajuste propuesto del Gobierno a la convivencia de los ciudadanos, lo tomaríamos como una broma, pues la democracia no es cuestión de memoria, sino de vivirla con verdad y esfuerzo. Es, en realidad, un imposible para la ordenación de una convivencia sana el presentar tales incoherencias. Y si se comparan los dos lemas, ¿cómo se puede compaginar la realidad que quieren crear con una democracia que no existió para todo historiador serio?

Autores como Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, que vivieron aquellos momentos, reconocieron el error que había sido el pensar que con aquellos partidos se hubiera podido llegar a una república normal. No se puede pensar otra cosa al contemplar los disparates que con ambos eslóganes se pretende, ya que es prender fuego a la sociabilidad y abrir un nuevo juicio a la historia real de España. Esta iniciativa no ha podido salir de una mente sana y que tenga las ideas claras de lo que es la gobernación del país.

No se dirige más que a desenterrar muertos y a dividir al pueblo español, recreando las dos Españas de los que fomentaron el cainismo en otro tiempo, contra lo que se había trabajado en la Transición de 1978. En esa Transición se realizó una obra de arte, haciendo pasar a la sociedad de una situación de dictadura a la democracia que se ha desarrollado durante más de cuarenta años, superando el revanchismo y creando una convivencia pacífica. Para deshacer la época de bonanza alcanzada, este Gobierno nos viene a proponer una ley que contiene un título preliminar y cuatro títulos distribuidos en capítulos y secciones y que comprende 66 artículos.

No importa la estructura de la ley, sino el contenido, tan disparatado como el anular todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura, al tiempo que crea un Banco Nacional de ADN de las víctimas, y añade un régimen sancionador de los actos que quebranten las afirmaciones de la ley; al tiempo que prohíbe hablar de lo que ha sido la historia real. ¿Qué es para estos políticos de izquierda la libertad? Hace pensar en qué mundo nos meten. ¿Se va a prestar la judicatura actual a reconocer las incoherencias que comporta esta legislación? ¿Vamos a caer en la locura de una minoría chavista para crear una sociedad de esclavos con una disparatada ideología?

De todas las formas, la historia está ahí, y el futuro corregirá los disparates de este Gobierno, que nos conduce al desastre y al ridículo ante las demás naciones. Y con este fondo político quieren crear una “nueva normativa”, en la que creen que pueden llegar a obligar a vivir al pueblo español, tratando de consolidar la estrategia que puso en marcha Zapatero, que por cierto le vemos de propagandista y vendedor de la política de Maduro. Lo malo es que parece que el actual Gobierno le ha comprado las ideas al objeto de liquidar la Transición de 78, y volver a una dictadura comunista con el olvido de los principios y valores de aquel esfuerzo de los españoles: acuerdo entre diferentes y reconocimiento de la ciudadanía en igualdad y libertad para todos.

No sé cómo puede aceptar el pueblo este nuevo programa donde la mentira es lo normal, donde la ocultación de los errores es lo conveniente, donde prospera el amiguismo, donde progresan los ceses fulminantes de los funcionarios que cumplen con su deber porque no resultan fáciles de dominar, donde no se explican los contratos con derrama de muchos millones de euros y hay una superpoblación de ministerios y asesorías con grandes sueldos, pero sin funciones específicas. Mientras, como dijo el mismo presidente, más de dos millones de niños padecen una pobreza severa.

Sin justificar el porqué del cambio, se ha expulsado el espíritu de aquella Transición, que hicieron los españoles aportando todos los valores de la democracia, y nos abren el paso a una nueva normalidad donde prevalecerá la desigualdad entre ciudadanos, creando unas normas propias de una convivencia en contra de la Constitución que les sobra, y proyectando una corrección, y si no lo pueden hacer, llegarán a una derogación de hecho. De ese modo vamos a tener “una nueva normativa” donde hay una doble vara de medir para las causas de corrupción.

Nadie puede aprobar los métodos que se usaron en la “operación Kitchen”, que han sacado en un momento tan oportuno para hundir a la oposición. Un juez se propone estudiar al Ministerio de Interior del PP. A ver si montó un dispositivo policial ilegal, con fondos reservados, para investigar las pruebas que tenía en su poder Luis Bárcenas y que podían incriminar a varios dirigentes del partido. Pero al mismo tiempo no se advierte, como dice la prensa de estos días, que hay una investigación del Gobierno de los partidos de derecha, ni se da paso en la Fiscalía a una investigación de los desbarajustes del Gobierno con una lamentable organización de la pandemia, donde ha habido unos cincuenta mil muertos, una falta de medios para los técnicos que tenían que atenderlos, y se han tirado millones de euros por no saber comprar el material adecuado para tratar a los infectados. Dios sabe adónde habrán ido. Y como se trata de izquierdas, se niega la acusación de los negros cauces por donde reciben dinero los podemitas.

Es una pena que la oposición no haya tomado decisiones valientes ante esta situación y se haya achantado con la acusación de miembros de su partido como si no fuera con él, porque de todas formas afecta a los que le votan. Hay que buscar una forma de salir más airoso y no dejar abandonados a los que, por luchar por el partido, si acaso, cometieron algún error. En ese sentido el PSOE es más decidido; con delitos infinitamente mayores y sentenciados, supo no abandonar a sus miembros cuando José Barrionuevo, Rafael Vera y Julián Sancristóbal fueron a la cárcel, les acompañaron hasta la puerta de la prisión para despedirlos. Y aún más, el mismo Pedro Sánchez, tratándose de personas condenadas Manuel Chaves y José Antonio Griñán por despilfarro de cantidades que no sabemos ni contar, ha venido a decir que son amigos suyos y por tanto no cree en la condena de la sentencia. No es bueno el cambio a “una nueva normativa” cuando se camina hacia una dictadura en su sentido más pleno. No hay más que contemplar la forma de imperar que se ha usado en el tiempo de la pandemia. Y aunque todo crítico sabe que se ha limitado totalmente la libertad, como resulta en las tiranías, se impone la prohibición de toda censura.

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