Ya lo vieron en la madrugada entre el sábado y el domingo: estallaron los bonchos callejeros en la mayoría de las ciudades españolas, bailes pegamoides, cogorzas ilimitadas y fuera mascarillas. Canarias ha sido una de las pocas comunidades autónomas que ha mantenido un toque de queda que es una paparrucha jurídica, pero todos, todos sin excepción, disponemos de información más o menos precisa de fiestukis un poco más discretas en hogares, solares, parques, bosques y playitas de las islas. Es maravilloso: la suspensión de derechos políticos fundamentales estaba basada en el estado de alarma, un instrumento jurídico recogido en la Constitución, pero se pretende mantener las mismas condiciones de control extraordinario sin una excepcionalidad legal válida. En las ínsulas baratarias el Gobierno de Ángel Víctor Torres mandó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el conjunto de restricciones a los derechos ciudadanos que estimaba indispensables para combatir a la pandemia pero, a pesar de algunas informaciones en sentido contrario, el TSJC ha dicho que no son aceptables, o para ser más precisos, que el Gobierno de Canarias carece de base legal, competencial o potestiva alguna para mantener dichas medidas. Y el Gobierno, y en especial los entornos del presidente Torres y del vicepresidente Román Rodríguez se han puestos muy nerviosos y aun así decidieron, tal y como se había adelantado, que las restricciones se mantendrían hasta que se pronunciara el Tribunal Supremo.
No es necesario reunir la sabiduría de don Eduardo García de Enterría pasa saber que ningún gobierno puede “tomar nota” de lo que establezca un tribunal superior de justicia y seguir adelante con sus perimetrajes y sus toques de queda y demás bacilones inconstitucionales hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. La clave está (supuestamente) en que nadie va a denunciar la pequeña huida hacia adelante del Ejecutivo canaria, pero eso quizás sea inexacto. Precisamente ayer corría o se arrastraba el rumor de que Vox pretendía empurar en los tribunales a las comunidades autónomas “que no respetaran el fin del estado de alarma y mantuvieran medidas fuera del orden constitucional”. Por supuesto se trata de joder la marrana por la extrema derecha, lo que no quiere decir que sus demandas no puedan prosperar.
Un estado de alarma de seis meses de duración es una anomalía democrática y una monstruosidad jurídica. Ha permitido al Gobierno sustraerse de una parte muy sustancial del control fiscalizador de las Cortes. La Constitución establece diáfanamente que el estado de alarma solo puede ser mantenido a través de sucesivos plazos de quince días ratificados por el parlamento. Bien, tras algunos gruñidos iniciales y algunas reservas decorativas, todas las fuerzas políticas terminaron transigiendo con esta vulneración de la Carta Magna y, por supuesto, no se escuchó una mísera queja por parte de la sociedad civil. Esa es, sin duda, la principal explicación que justifica que, a lo largo de este medio año, Pedro Sánchez y su equipo ministerial no hayan dedicado cinco minutos en estudiar y proponer una estructura legal que permitiera al Estado y a las Comunidades autonómicas disponer de una herramienta para actuar con seguridad jurídica. Una herramienta que en todo caso, tendría inevitablemente limitaciones: por ejemplo, no serviría para imponer toques de queda. En cambio, se ha optado por un decreto ley que modifica chapuceramente la ley de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa para que, finalmente, le caiga el muerto normativo al Tribunal Supremo. Y esta irresponsabilidad, oportunista, cobardica y pachorruda, solo contribuye a fragilizar aún más el sistema democrático y a sentar un peligroso precedente.
