En el mercado central de Caracas, donde mi abuelo trabajo en sus últimos años activos defendiendo un minúsculo puesto de golosinas, triunfó moderadamente durante un tiempo un sujeto del que contaban había llegado de Maturín y que se dedicaba a rifas de caridad. El hombre escribía de puño y letra los boletos de su propia lotería, que vendía a real y medio, y despachaba siempre con una sonrisa tan amplia y melodiosa que parecía el teclado de una pianola. Rifaba de todo: un bolso, un jarrón, una chaqueta de terciopelo, una mesa y su juego de sillas, un puerco. Todo era, por supuesto, de primera calidad. Recuerdo cuando anunció que el premio sería un cochinito: “Solo le falta hablar y si pudiera él mismo le explicaría, mi capitán, lo rico que está”. Todos los sábados al mediodía anunciaba el ganador. Llegó a ser realmente popular y vendía cientos de boletos hasta que se descubrió que puede que existieran premios, pero no existían ganadores. Nadie ganaba jamás. A nadie llegaba nada.
El Gobierno autónomo acaba de anunciar que la Comunidad canaria recibirá 116 millones de euros los fondos extraordinarios europeos para la rehabilitación de viviendas públicas y para la construcción de nuevas casas destinadas a poner en alquiles a precios asequibles. Primero fue José Luis Ábalos, ministro de Transportes y Movilidad, el que anunció que los gobiernos regionales van a gestionar alrededor de 4.450 millones para políticas de vivienda pública y actuaciones urbanas en diferentes ámbitos. Y a continuación la Consejería de Obras Públicas que dirige Sebastián Franquis precisó que Canarias se llevaría casi 116 millones. Más millones. No paran de llover cientos de millones misericordiosa e inmisericordemente en una lotería infinita que nos anuncia que, de nuevo, hemos ganado el premio.
Hace casi tres meses, en uno de los primeros días de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez trompeteó una batería de 11.0000 millones de euros –más de 7.000 millones en ayudas directas– como un estímulo extraordinario para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Han pasado ya tres meses y los dirigentes de Cepyme se han cansado de repetir que sus asociados no han recibido ni un puñetero euro. El Ministerio de Hacienda decidió que las ayudas se repartirían entre las comunidades autónomas que serían las encargadas de gestionarlas. Pero desde que se aprobó en el Congreso de los Diputados el decreto ley, el 25 de marzo, un decreto ley duramente criticado por la inflexibilidad de sus criterios y su confusión procedimental, no se ha movido un céntimo. España ya llegaba muy tarde a la concesión de ayudas directas. Se han quedado mucha gente y muchos proyectos en la cuneta de la ruina.
El Gobierno canario hinchó pecho porque de la cantidad conjunta consiguió, en una lucha titánica que Román Rodríguez siempre exalta como un capítulo de Los Vengadores, 1.144 millones de euros. Para hacer más graciosa la cosa, la Consejería de Hacienda todavía no ha llevado al Parlamento el decreto ley que se supone está ultimando con la Consejería de Economía. Rodríguez prometió que lo haría antes de junio, pero no. Tengan ustedes en cuenta que, una vez publicado el decreto, las pymes y autónomos deberán presentar sus solicitudes para ser analizadas y, en su caso tramitadas. Parece muy improbable que puedan comenzar a percibir las perras que le correspondan hasta mediados de julio o principios de agosto. A partir de entonces quedan entre cuatro y cinco meses para adjudicar la nimiedad de 1.144 millones porque, según el decreto ley aprobado por la Cámara Baja, el total de las ayudas deben estar adjudicadas y firmadas el próximo 31 de diciembre. Ah, las rumbosas y felices ayudas del universo covid. Si supieran hablar, las muy cochinas, nos dirían lo ricas que están.
