En el Congreso de los Diputados PSOE y Podemos –incluidos los diputados canarios de ambos partidos– votaron ayer, prietas las filas, a favor de la enmienda que destruía el diferencial fiscal canario para las producciones audiovisuales realizadas en las Islas. El pasado lunes todos los diputados del Parlamento de Canarias –incluidos los socialistas y podemitas– votaron un informe desfavorable sobre esa enmienda al entender que vulneraba el Régimen Económico y Fiscal. Me temo que esta contradicción no la va a explicar nadie, aunque no descarto que salga Iñaki Lavandera para aclarar que la culpa es de Coalición Canaria o del médico chino, que es chino, en efecto, pero primo de Fernando Clavijo. Tanto Ana Oramas como Pedro Quevedo intentaron suspender la votación, pero no les hicieron maldito caso o rechazaron sus propuestas con tejemanejes reglamentistas.
La responsabilidad directa de este atropello, una embestida en toda regla contra la Comunidad autónoma y su REF y un escupitajo sobre el Parlamento de Canarias, corresponde al Gobierno regional. En efecto, el artículo 167 establece que si el Parlamento informa desfavorablemente sobre una disposición legal que modifica el REF, corresponde reunir la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la administración autonómica, y la convocatoria puede solicitarla cualquiera de ambas. El mismo lunes por la tarde el Parlamento canario remitió al Congreso de los Diputados el informe desfavorable. Pero el Ejecutivo canario no solicitó nada. Ni el lunes, por supuesto, ni el martes, aunque Ángel Víctor Torres y sus cuates sabían perfectamente que la maldita enmienda se votaría el miércoles. Torres, deliberadamente, dejó pasar las horas y, en la práctica, desactivó los efectos del informe desfavorable. Desde cierto punto de vista lo de Román Rodríguez es aún más impresionante; recostado sobre su nívea cabellera para no hacer nada tampoco mientras su diputado y colegacho intentaba pedir piedad en la Cámara Baja. No hay ninguna justificación argumentable a lo que han hecho. Torres no ha cumplido con su compromiso con la Constitución y el Estatuto en la defensa de los intereses de Canarias. Torres ha protagonizado un episodio vergonzoso de entreguismo. Torres ha engañado al Parlamento de Canarias orquestando un paripé que compromete la dignidad de la institución.
Pero ahí se levantó de su escaño el ejemplo de Torres y de cualquier dirigente actual del Partido Socialista: Pedro Sánchez. Y Sánchez proclamó que su Gobierno «por supuesto» respeta el REF. Tenía en su poder un informe del Parlamento de Canarias firmado por todas las fuerzas políticas –sin excluir la suya– en el que se rechazaba la modificación del Régimen Económico y Fiscal, pero comprenderán ustedes que sobre esta materia la Cámara regional no puede saber más que el señor Sánchez. Su fórmula invariable es echarle cara, mucha jerola old spice y no dejar que le asalte la vergüenza, el pundonor o el sentido del Estado jamás. Y con mayor desparpajo todavía el presidente anunció que convocaría la Comisión Bilateral. ¿Y para qué? A partir de hoy entra en vigor la ley contra el fraude fiscal. ¿Qué va a hacer la Comisión? ¿Debatir sobre aspectos de una norma legislativa ya en vigor? Esta combinación de cinismo, ignorancia y estupidez, artera y pringosa, es la que va a presidir a partir de ahora las relaciones entre Madrid y Canarias a propósito de su acervo económico y fiscal, prescindible para la dirección nacional del PSOE y, por ende, materia de renuncia y resignación para los dirigentes socialistas canarios. Y queda el decreto ley de María Jesús Montero. Todavía alguna alma bendita piensa que Torres lo llevará al Tribunal Constitucional. Es mucho más probable que invite a Montero, le haga un pediluvio y le regale un timple.
