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Ángel Tristán Pimienta

El Mar Menor y el mal menor

Este enésimo tira y afloja sobre la agonía del Mar Menor tiene la mismas características que los anteriores, aunque con un serio agravante: como decía la americana Ayn Rand: «Se puede ignorar la realidad pero no las consecuencias de ignorar la realidad». Chapeau. Y la derecha murciana, acompañada con pífanos y timbales por la nacional, lleva décadas vacilando con el futuro, haciendo un altanero caso omiso a las señales enviadas por la naturaleza.

Hace mucho tiempo que este pequeño lago avisa que está en grave trance. Pero no hay forma de que la Región de Murcia acometa de una vez un programa serio de salvación, en primer lugar diagnosticando todas y cada una de las causas que han llevado a esta situación crítica. La principal es la que señala la filósofa y escritora rusa nacionalizada estadounidense, creadora de la corriente objetivista, y muy, muy de derechas. Ignorar la realidad.

Y encima, escaquearse de sus propias responsabilidades. Científicos y ecologistas vienen alertando hace décadas de las consecuencias de los regadíos ilegales cerca de este enclave, con un enorme aporte de pesticidas y nitratos en las aguas de riego que, como es natural, acaban por contaminar gravemente el lago. Pero como dice el poema de Quevedo, «poderoso caballero es don Dinero». El lobby agroindustrial impone su ley, que es campar sin ley. Cualquier traba por muy sensata que sea se considera un ataque al desarrollo y a la iniciativa privada. Esta es la causa de la causa del avestrucismo político de los poderes locales y regionales incompetentes en sus competencias.

Por lo general las Comunidades Autónomas tienden a entender y defender en un sentido expansivo sus competencias. No ocurre así en este caso con la murciana. Tampoco en otras en que el PP, en el gobierno o en la oposición, se enfrente a determinados conflictos… e intereses subyacentes.

Una búsqueda en san Google bendito, martillo de herejes y horca de tramposos recuerda, verbi gratia, la cerrada oposición del Partido Popular, desde el uno al otro confín de España, al gigantesco plan de plantas desaladoras en el sur impulsado con acertada visión del futuro por la ministra Narbona en el gobierno de Zapatero.

Como muestra un borrón imborrable: uno de los panfletos digitales de la derecha escribía en febrero de 2012 que el timo de las desaladoras de Zapatero ascendía a 4.000 millones de euros. Mala suerte. En septiembre de ese mismo año EL PAÍS y periódicos alicantinos y murcianos coincidían en señalar que las desaladoras a las que se había opuesto el PP «salvan el suministro de Alicante y Murcia en verano». Ya en 2008 Esteban González Pons, con un importante acompañamiento coral en el que figuraba, virgen santa, Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Rajoy, y posteriormente Comisario Europeo de Acción por el Clima y la Energía, había advertido que «si gana el PP no habrá desaladoras».

En agosto de 2017 eldiario.es y otros medios locales coincidían: «Las desaladoras que el PP combatió demuestran ser útiles contra la sequía». No solo funcionaban bien, sino que los populares las habían puesto a pleno rendimiento.

Hay un problema de fondo en el embrollo de circunstancias que han dado origen al caos en la zona del Mar Menor: que el ejecutivo regional que es muy poco ejecutivo en según qué cosas y los ayuntamientos azules involucrados lo han tenido como el mal menor. Ya se sabe el desprecio por la ciencia en ciertas formaciones neoliberales defensoras del yo lo vi primero, porque en medio hay poderosísimos e influyentes intereses económicos en la famosa y productiva huerta murciana.

Pero hay que tener claro que a veces, o mejor, muchas veces, se muere de éxito si el desarrollo se basa en pilares insostenibles.

Aquella histérica oposición a las desaladoras, a muchos canarios nos sonó a guión de mal cómic. Cuando por los grifos de más de un millón de isleños, y de todo el alojamiento turístico, sale agua desalada y no se ha registrado ninguna catástrofe en las costas, los argumentos contra el plan Narbona suenan a cuento chino, aunque en la actualidad hay que tomar muy en serio a los chinos, por nuestro propio interés.

El problema de fondo ha sido la banalización del cambio climático y la negativa a aceptar sus efectos a corto plazo. En 1996 el ministro socialista Sáez de Cosculluela sacó adelante una Ley de Costas que claramente detectaba las consecuencias del calentamiento global. En 2013 el PP le dio la vuelta liberalizando, aún más, el litoral. El futuro parecía muy lejano, pero llegó enseguida. El negacionismo como reacción primaria de la derecha es un serio problema nacional.

Insistir todavía en la eternización del Trasvase Tajo-Segura ya no es solamente irresponsable: es idiota. Cuando nos azota el clima extremo y no es improbable que algunos de los cultivos del sur y levante peninsular tengan que mudarse al norte, a Galicia por ejemplo, es insensato seguir apostando por el mal menor, que al cabo es el mayor. Seca la vaca se acaba la leche y se acaba la vaca.

Con frecuencia suelo contar, como modelo teórico de uso general de responsabilidad política, las palabras que pronunciaron el presidente canario Jerónimo Saavedra y el entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en el solemne acto de fin de la primera tanda de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma el 24 de octubre de 1985.

«A partir de ahora –dijo Saavedra– solo de nosotros será el éxito o fracaso de esta empresa (…) Lucharemos porque el orgullo y satisfacción que nos produce ser un pueblo capaz de dirigirse a sí mismo sea actitud asumida permanentemente por todos los canarios».

Alfonso Guerra: «El auténtico desafío con el que nos encontramos es el de la gestión eficaz de las tareas que nos corresponden (…) Es a través de las prestaciones de los servicios públicos (…) como se consigue de verdad el arraigo popular que debe inspirar toda acción de Gobierno».

Si esta sensata y responsable doctrina fuera de obligado cumplimiento y tenida en cuenta por los electores… otros gallos cantarían en algunos corrales.

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