El pasado 14 de noviembre se cerraba la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) al tiempo que días antes el Gobierno de Canarias aprobaba su nuevo proyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética.
La COP26 se ha cerrado, a tenor de lo afirmado por su anfitrión el premier británico, con cierto sabor agridulce, y respecto al proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Canarias lo más que me atrevo a decir es que tendríamos que esperar a ver lo que da si el desarrollo de toda la planificación que contempla para enjuiciarlo. Cosas como la llamada Estrategia Canaria de Cambio Climático o la Estrategia Canaria Transición Justa y Justicia Climática de las que se derivarán instrumentos tales como el Plan Canario de Acción Climática o el Plan de Transición Energética de Canarias.
El proyecto de Ley Canaria se ha presentado unos meses después de la aprobación por el parlamento español de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética y de la promulgación por el Consejo de Ministros del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
Atendiendo a lo visto el mayor resumen que me cabe hacer de todo ello sería el de decir que detrás de toda esta normativa se esconde sin duda un sueño, posiblemente compartido por todos, basado en la idea de un bienestar futuro que alimentaremos sobre el desarrollo de todo tipo de energías renovables sustentadas en avances tecnológicos de amplio alcance que nos haría más resilientes para brindarnos un crecimiento mucho más sostenible y sostenido. De hecho, todas las proyecciones del PNIEC sobre el futuro del crecimiento, el empleo, etc. nos invitan a tal optimismo como país.
Incertidumbres.
Sin embargo, quizás sea obligado pensar también en algunas de las incertidumbres que se ciernen sobre nuestras ilusiones. Para empezar, diría que una de ellas puede ser la financiera, sobre la que pende por ejemplo la capacidad para abordar las enormes inversiones que se necesitan para hacer frente a ese cambio climático que predicamos. En el proyecto de Ley presentado por el Gobierno canario de hecho se crea un indicador que sirva de guía para poder adicionar un 2% más de nuestro PIB a inversiones y medidas de acción climática.
Se reconoce así las enormes necesidades de inversión que se requieren ante los riesgos del cambio climático; y, que el gasto de capital, que precisan hacer por ejemplo las empresas para descarbonizar sus activos, mejorarlos (digitalizándolos para hacerlos más productivos) y reforzarlos para hacerlos más resilientes, va a tener que ser creciente. Las dudas surgen ante el enigma de saber hasta qué punto por ejemplo las políticas fiscales que se puedan aplicar serán capaces de contribuir a ello.
El sueño que nos mueve puede además complicarse de manera que las tensiones políticas, económicas y sociales crezcan, si los cambios tecnológicos y las posibles ganancias de productividad que se deriven de todo ese capital movilizado acaben por no ser tan altas como esperamos, de forma que no logremos satisfacer por ejemplo las enormes necesidades energéticas que demandamos para dar respuesta a los ilimitados deseos de todos por todo. De hecho, los cuellos de botella son cosas siempre fáciles de intuir.
Dilemas.
En teoría la justicia es el instrumento llamado a responder ante tales circunstancias, por lo que no es de extrañar que en un contexto de cambio climático surjan voces reclamando justicia climática. El gobierno de Canarias no ha querido ser menos en ese campo de forma que no ha dudado en recurrir a tan novedoso concepto para introducirlo en el proyecto de Ley que ha aprobado, definiéndolo en términos de mera distribución y reparto de cargas y beneficios. Concretamente, en el proyecto canario se dice que justicia climática es aquella «justicia que se vincula a los derechos humanos de modo que se logre un enfoque centrado en el ser humano para hacer frente al cambio climático, proteger los derechos de las personas más vulnerables, y repartir las cargas y los beneficios del cambio climático y sus impactos de forma equitativa e imparcial”.
Sin embargo, frente a escenarios extremos como el que supuestamente pudiera derivarse de un cambio climático la cosa puede ser mucho más complicada ya que cuando sólo existen pérdidas no cabe reparto alguno o justicia distributiva que valga. En momentos así la justicia se torna retributiva para fundarse no ya en la razón de lo que se tiene, sino en la de lo que se hace y se merece en función de lo que se aporta o se es capaz de entregar responsablemente.
Hoy son así dos las estrategias que se nos formulan frente a los retos del cambio climático y de la transición energética a la que nos vemos abocados. Una, podría responder a lo que se nos dice por la Ley nacional, donde se nos habla de optimizar las oportunidades en actividad y empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. La otra, la vemos presente en el nuevo proyecto de Ley Canaria, que nos habla de justicia climática y de repartir cargas y beneficios, teniendo en cuenta situaciones como las de pobreza energética.
De la primera cabría pensar que puede acabar por dar más a los que más contribuyan a la lucha contra el cambio climático. De la segunda que acabe por dar más a quienes más sufran en la lucha contra el cambio climático. El tiempo será quien nos haga ver lo que logran dar de sí cada una de ellas; aunque, no deja de ser irónico que hablemos de justicia cuando apenas tenemos nada que ofrecer mostrándonos incapaces de responsabilizarnos ante algo.
Valores.
Por ello quizás convenga creer que al final no es que seamos nosotros los que hagamos justicia del clima, sino que sea el clima el que nos haga justicia a todos. Y de manera tal que quienes sobrevivan al cambio lo hagan no por aquello que ambicionamos, en ocasiones amparados en cuestiones tales como edad, estado, sexo, origen, clase, grupo, raza, familia o religión; sino, por la fuerza del ingenio, la capacidad de respuesta y poder de adaptación.
A lo mejor resulta que el mayor problema del mundo ya no es siquiera su inequidad, sino nuestra falta de honestidad. Las malas gobernanzas, los sesgos absurdos o los ridículos excesos que cometemos a veces por pura ostentación, soberbia y vanidad. Tener que esperar quizás diez años para que nuestras administraciones (Gobierno, Cabildos, Ayuntamientos, etc.) terminen de elaborar esos planes de acción climática, movilidad sostenible, etc. a los que el nuevo proyecto de Ley Canaria obliga, no es precisamente el mejor ejemplo de buena gobernanza, ingenio, capacidad de respuesta y adaptación que quepa ofrecer en épocas de cambio climático.
