Siempre hemos asumido que los orígenes del REF se remontan al hecho mismo de la conquista de las Islas y a la necesidad de asentar en el territorio a una población que lo pueda sostener al servicio de la corona. Los problemas de inicio fueron por tanto comprobar que sin población no hay territorio y los de hoy saber además que sin empresas no hay por desgracia población.
Tal cosa la podemos entender viendo lo ocurrido en el mundo a lo largo de las últimas décadas, o como, tras largos procesos de descolonización, todos los Estados que hemos visto nacer hasta finales del siglo XX han tenido la misma necesidad de atraer inversión y generar empresas que creen y expandan mercados a fin de poder satisfacer las necesidades de su población.
En todas partes, los Estados no han dudado en utilizar los instrumentos fiscales de los que disponen para brindar incentivos que compensen a los inversores de los riesgos que podían y pueden enfrentar ante las debilidades de sus distintos factores productivos e institucionales (falta de productividad, carencia de infraestructuras, escasa cualificación, conflictividad, ausencia de seguridad jurídica, etc.).
En tal sentido, a lo largo de las últimas décadas hemos visto como a medida que muchas empresas y mercados se han ido expandiendo se ha expandido de igual manera la competencia fiscal entre Estados, cosa de la que se han aprovechado muchos para, al amparo de los distintos convenios internacionales sobre doble imposición, jugar con los tributos, trasladando beneficios de un lado a otro y verse después envueltos en toda una serie de problemas reputacionales, conflictos y situaciones derivadas de cuestiones tales como financiación de corruptos, blanqueo, etc. que amenazan la convivencia, dando pie a un estado de opinión que pone en jaque todo: clase política, inversores, banqueros, empresas, etc.
A ello se suman además ahora fenómenos nuevos y de índole diversa con cosas que van desde el envejecimiento de la población, disrupciones tecnológicas, problemas climáticos, etc. que se unen a unos niveles de endeudamiento público inimaginables, fruto de crisis como la financiera del 2008 o la de la pandemia de 2020 que han acrecentado las demandas de cambio y transformación que atenazan al mundo.
Bajo ese marco más de 130 países, con los auspicios de la OCDE y el refrendo del G20 y de los líderes de las mayores economías del mundo, han asumido para los próximos años el compromiso de dar forma a un nuevo orden fiscal internacional que dé cuerpo a la nueva economía digital que nos rodea y amparo a la débil situación financiera que padecen los Estados con la creación de un nuevo impuesto mínimo global que afectará a las muchas empresas que operan a nivel internacional, haciendo en resumidas cuentas que lo que éstas no paguen en un país lo tengan que pagar en otro.
Para algunos ello va a suponer un logro de primera magnitud en el camino hacia una mayor justicia tributaria, cosa que habrá que ver ya que el gran problema de los impuestos es que podemos calcular su carga y saber de primera mano quién los abona y recauda, pero no determinar en realidad quién los paga o sobre quién inciden. Ya lo dice el refrán: los impuestos acaban por recaer siempre sobre los mismos. Por lo general, los consumidores, otras veces los trabajadores y en muchas ocasiones los más pequeños proveedores carentes de alternativas.
Ningún político debería obviar que a los impuestos por desgracia los carga el diablo de manera que al final pueden terminar siendo armas de doble filo, ya que su recaudación acrecienta las propias expectativas de los ciudadanos respecto a los mismos y al papel del Estado para con la sociedad pudiendo por tanto acelerar la frustración de la gente ante los servicios que se le prestan.
Hasta ahora los cálculos realizados sobre los efectos del impuesto mínimo global nos dejan entrever en cuánto podrían acrecentarse las diferencias entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Gracias al 15% de imposición mínima prevista los países más ricos podrán ver incrementada su recaudación por impuesto de sociedades en una cifra que puede rondar los 190 mil millones de euros año, mientras que para los países pobres apenas alcanzarán a sumar 14 mil según algunas estimaciones.
El nuevo orden puede conllevar la reestructuración administrativa de muchas empresas multinacionales que simplificarán sus estructuras para centrarlas en sus países de origen, uniendo todo ello a las tendencias de reformulación existentes ante la necesidad de asegurar las cadenas de suministros y optimizar las distintas fuentes de valor en un mundo digitalizado y sujeto a crecientes tensiones políticas. Los más pobres podrían quedar por tanto cada vez más aislados pese a que históricamente tal cosa nunca ha funcionado.
Canarias no debería sentirse ajena a tales cambios. En cierta medida el escenario presentado puede ser análogo a los vividos por las Islas en el pasado, como fue el caso aquel de la pérdida de los llamados puertos francos. Al final tal supuesta condición se perdió no porque en algún momento o por alguna ley así se determinará, sino porque sencillamente los altos aranceles internacionales que eran la baza sobre la que jugaban los empresarios canarios, desaparecieron prácticamente de todo el mundo.
Ahora algunos de los incentivos existentes en el actual REF podrían verse por activa o por pasiva laminados por el nuevo marco global que se postula, de manera que la pregunta que toca hacer sigue siendo la misma: qué va a hacer el gobierno español para mantener a los canarios en su territorio o conseguir en suma que en Canarias se puedan generar empresas globalmente competitivas. Imagino que a lo largo de los próximos años iremos viendo lo que se pide y lo que se ofrece de cara a fijar el destino de nuestro REF.
