Se podría estar hablando o escribiendo hasta el infinito sobre el ecologismo integrado en un partido verde con representación parlamentaria y dispuesto a asumir responsabilidades de Gobierno, o de un movimiento ecologista con los votos clave para la formación de un ejecutivo de centroizquierda o centroderecha. Pero ninguno de estos escenarios existe en Canarias, donde los ecologistas han optado desde siempre por la división grupal y el rechazo a la integración en la política convencional. Una elección, sin embargo, a la que hay que ponerle matices: no faltan los que compatibilizan su activismo con una dirección general o un puesto de confianza en áreas de urbanismo, del cuidado de medio ambiente o del espectro energético
Este vaso comunicante, siempre tendente a la desconfianza, ha provocado una relevante crisis de identidad en el ecologismo local, cuyo detonante ha sido la destitución en asamblea y por sorpresa del principal dirigente del grupo Turcón, una operación muñida desde del Cabildo grancanario y el Ayuntamiento de Telde por representantes de Nueva Canarias (NC), según denunció públicamente el afectado, que llevará a los tribunales la votación de su defenestración.
Aparentemente, constituye la escenografía tradicional de los partidos y grupúsculos de izquierda que se fagocitan unos a otros bajo la divinidad asamblearia, un vicio que sigue vigente pese a los cantos instauradores de la nueva política mercadeada por Unidas Podemos. Podría serlo en el plano estético, pero en la trastienda aparece el espinoso asunto de la independencia y cómo huir de uno o varios partidos que tratan de ensamblar una correa de transmisión, o bien crearse un florero acorde con sus ambiciones electorales.
Pero lo que parece más preocupante a nivel de los comportamientos es, por un lado, el insaciable deseo de acaparamiento por parte de cualquier disidencia, en este caso la ecologista. Y por otro, que se intente colapsar la actividad de este movimiento con subterfugios y compra de voluntades. La acusación del colectivo resulta gravísima: se trata de la utilización de los recursos de una administración, también de los votos, para malmeter entre los ecologistas.
El ecologismo es importante para Canarias, y lo ha sido desde el vanguardismo de César Manrique y desde la influencia que ha tenido en determinadas decisiones políticas, como la protección de Venegueras o Güigüi, por citar dos defensas de envergadura. Y lo debe seguir siendo por la fragilidad del ecosistema del Archipiélago ante el cambio climático y por la vigilancia indispensable de un territorio limitado acosado por la explotación urbanística. En el lado contrario, también se ha ganado enemigos acérrimos, campañas de difamación y caricaturas para hacerle el mayor daño posible y acabar desplazándolo hacia posiciones menos beligerantes o acomodaticias.
Este último episodio, desencadenado por el relevo en el colectivo Turcón, ha levantado, de entrada, una división entre los ecologistas cercanos al poder y los que no, un cisma espléndido para los que aspiran a debilitar el movimiento. Ni que decir que una división suculenta para ralentizar o extinguir denuncias judiciales como la referente al proyecto de energía limpia Chira-Soria, por citar uno de los de mayor enjundia. Está en juego la credibilidad del ecologismo canario, la ética de los representantes públicos señalados con el dedo y el entendimiento por parte de los afectados de que el primer objetivo se ha cumplido con creces: echarlos a pelear unos con otros, algo más barato que ponerle un sueldo público a algún activista, o menos complejo que buscarle una plaza en alguna candidatura electoral.
La sospecha de que se emplean métodos mafiosos por parte de NC para comprar voluntades debe ser despejada por los señalados, pero también corresponde al dirigente de Turcón defenestrado demostrar que hay una red clientelar de compra de voluntades para adormilar a los ecologistas. En el caso de existir un acoso y derribo, quizá sea una lección para tormarse en serio la posibilidad de crear un nuevo partido en Canarias y salir del relato de los enfrentamientos nada constructivos, más bien venenosos.
La siguiente reflexión que se plantea es la supervivencia de la sociedad civil, como estadio donde el asociacionismo pretende alcanzar fines de todo tipo al margen del poder político, y muchas veces contra él. Las ayudas y subvenciones que reciben del mismo no deben ser una patente de corso para intervenir o manipular en favor de sus intereses, dando por hecho que la derrama anual es más que suficiente para cerrar las bocas. La crisis económica carcome a la sociedad civil, destruye las iniciativas autónomas que tratan de encontrar su salvación en el erario público. Los peligros son más que evidentes: la pérdida de la identidad por intromisiones o por acatar el pensamiento de la institución pagadora, o el engrandecimiento de un poder cada vez más autosatisfecho por la ausencia de críticas y ajeno por tanto a la realidad. Ha sucedido en múltiples ocasiones, pero no hay vacuna contra esta adicción.
