Por desgracia los dirigentes del PSOE –y más directamente el Gobierno y su presidente– no pueden tomar una decisión razonada sobre el indulto a José Antonio Griñán basándose en un comité de expertos, como (no) se hizo con la pandemia o ahora argumentan para decidir la sede del Centro Vulcanológico Nacional. Antes quizás sería necesaria una pequeña puntualización: el Centro Nacional de Volcanología no es ahora mismo otra organización que el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Como resulta evidente la única comunidad autonómica en la que existe riesgo volcánico es Canarias y por eso (produce vergüenza tener que escribir estas obviedades) el Involcan siempre ha operado en Canarias y ha tenido aquí su sede. En realidad dispone de varias dependencias y oficinas, una de las cuales pueden ustedes encontrar en La Laguna, por ejemplo, e incluso en La Palma, por razones de fuerza mayor y para el seguimiento estricto y meticuloso de la actividad del volcán Tajogaite. No, el dedo divino de Pedro Sánchez –o los esfínteres de sus siempre invisibles asesores científicos– no trasladará a Canarias a cientos de vulcanólogos que ahora mismo, supuestamente, deambulan buscando fumarolas por la sierra del Guadarrama. Más claramente todavía: si se pretende diseñar institucionalmente un organismo más potente y que aglutine recursos y programas para los estudios volcanológicos su núcleo ya está en el Archipiélago y se llama Involcan, un instrumento científico impulsado por el Cabildo de Tenerife y que por cierto el Instituto Geográfico Nacional intentó boicotear repetidamente. Sin este organismo autónomo quizás hubieran muerto decenas o cientos de palmeros el pasado año. Otra nota suplementaria: el actual Gobierno de Canarias no atendió a la solicitud del Cabildo tinerfeño de 2021 para entrar en la gestión del Involcan.
El señor Griñán ha visto confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo de siete años de prisión por prevaricación continuada y malversación de fondos públicos. La solidaridad psocialista se ha desplegado inmediatamente. Por supuesto que en la misma anidan solidaridad, empatía y buen rollo con el excompañero –los mismos que claman ahora por su dignidad le obligaron a darse de baja del partido– pero también un cálculo elemental de imagen pública. Un presidente de la Junta de Andalucía –y exministro de Felipe González– enchironado por corrupción no es una excelente noticia para un partido que acaba de ser barrido en esa Comunidad autónoma y que se encuentra en una delicada coyuntura político-electoral. Que un individuo que llegó a La Moncloa basando su moción de censura en una acusación feroz contra la corrupción del Partido Popular termine indultando al señor Griñán no deja de ser un ejercicio de cinismo casi embriagador. Por eso se intentan ahora otras vías: un indulto parcial que rebaje la condena a menos de dos años y el expresidente no se vea abocado a pisar la cárcel, por ejemplo. No dejan de impresionar las razonables razones de los apologetas de Griñán: no se llevó un euro, ni para él ni para su partido. No se ha demostrado ningún enriquecimiento personal. Por supuesto, no se le condena por eso, pero se insiste machaconamente en la retórica sentimental –en una intangible inocencia moral de la que el PSOE es una suerte de fiduciario incontrovertible– para diluir los razonamientos penales y administrativos. Los escucho y pienso en el caso de Miguel Zerolo, excalde de Santa Cruz de Tenerife, que ha empezado a disfrutar –por decir algo– de algún beneficio penitenciario en sus (también) siete años de condena. Una concienzuda investigación y media docena de comisiones rogatorias a diversos países no pudieron demostrar enriquecimiento personal ilícito alguno de Zerolo en el caso de Las Teresitas. Basta con imaginar la reacción de los socialistas si hubiera razonado como Griñán un indulto al Gobierno central para confirmar el hediondo espectáculo político en el que estamos embarrados.
