Cuando la inflación perjudica la salud

En cualquier supermercado se puede observar la subida de precios en la cesta de la compra que afecta a nivel general en todos los bolsillos, pero los efectos de esta inflación no son iguales para todos. Golpea más a los más vulnerables. Y hay un indicador que hace evidente esta desigualdad: la salud de la población.

El poder adquisitivo es un factor determinante –aunque no el único– en la calidad de la alimentación y otros hábitos (por ejemplo, hacer deporte), de manera que, si el poder adquisitivo de las familias decae, como ocurre en estos tiempos de elevada inflación, las familias más vulnerables ven más perjudicada su salud que otras que pueden mantener su capacidad de compra.

Hay presupuestos familiares para los que el problema ya no es llegar a final de mes sino poner un plato en condiciones en la mesa. Casi la mitad de los niños mayores de cinco años en Canarias presenta obesidad o sobrepeso y, por tanto, están en riesgo de padecer enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la hiperlipidemia y otras patologías cardíacas. Un estudio sobre la ‘Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil canaria’ de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria detalla que el impacto de estas patologías en la región supera la media nacional.

Esta brecha alimentaria, advierten los médicos, va en aumento. Y hay motivos para la preocupación. Aunque el índice general del IPC se modera, el precio de los alimentos sigue subiendo cada mes, y la falta de lluvia y las altas temperaturas pueden agravar la situación. Esto significa que Canarias también nota la sequía.

Los cultivos que se sitúan en las medianías están amenazados por la falta de agua. En especial las cosechas de papas, la producción de uvas y la de forrajes para la ganadería, tradicionales cultivos de secano, muy sensibles a las altas temperaturas y al estrés hídrico. La falta de lluvia amenaza con reducir de forma drástica las cosecha y como consecuencia subir los precios debido a la reducción de la oferta.

Uno de los primeros signos de pobreza es la desaparición en la cesta de la compra de los alimentos frescos, que son los más sanos, pero también los más caros. Tampoco son productos comunes en los repartos que llevan a cabo los bancos de alimentos y otras organizaciones que se dedican a ayudar a los vecinos más necesitados, unos grupos de apoyo que confirman un importante aumento de las personas que recurren a ellos.

La subida de la cesta de la compra parece haber tocado techo en el Archipiélago. Según el IPC, los alimentos se encarecieron un 14,7% en abril, pero encadenan dos meses consecutivos de descenso en el dato interanual. El coste de la comida es aún más alto que el año pasado pero el ritmo de subida se ha moderado relativamente respecto a los últimos meses.

En febrero la comida alcanzó un incremento récord del 18% en las Islas. Aún con esta moderación, un alza del 14,7% en el precio de la alimentación es un encarecimiento insoportable para muchas familias canarias. Los hogares isleños son los que han soportado en abril y en los últimos meses las mayores subidas de la cesta de la compra de todo el país.

Combatir la inflación es un objetivo que se mueve en el ámbito de la macroeconomía, pero si aterrizamos en sus efectos en las economías familiares, afecta directamente a la salud pública y a la equidad social. Es importante remarcar este dato, por ejemplo, a la hora de valorar medidas como la subida de tipos del Banco Central Europeo que tiene por objeto evitar la escalada inflacionista, aunque conlleve consecuencias dolorosas como encarecer los préstamos, reducir el consumo y, a la larga y en el peor de los casos, aminorar el empleo y hasta provocar una recesión de la economía.

Tampoco es nada fácil buscar un equilibrio en las políticas públicas que permitan aliviar a los ciudadanos el aumento del coste de la vida sin comprometer las cuentas del Estado más allá de lo prudente. Del mismo modo que la austeridad a toda costa es contraproducente (ya lo vimos en la crisis del ladrillo y todas sus dolorosas consecuencias sobre la población), tampoco lo es mantener una deuda pública insostenible que acabe pasando factura a largo plazo.

Por todo lo anterior, frente a propuestas más o menos populistas de aplicar bonificaciones generales a los precios de los alimentos con unos efectos que serían por lo menos discutibles (si son generalizadas, puede acabar resultando inocuas) u ocurrencias como la creación de supermercados públicos, es preferible concentrar las políticas y el gasto público en dar respuesta a aquellos colectivos que más están sufriendo la inflación. También hay que seguir trabajando en medidas consensuadas que evitan la conflictividad social. Estos días hemos tenido un buen ejemplo de ello en el acuerdo salarial entre la patronal y los sindicatos, que contempla una subida moderada para no devaluar más los salarios, pero que da margen a las empresas para seguir generando crecimiento y empleo.

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