La vuelta de tuerca a la justicia (fallida) de Feijóo

Aunque este es un asunto que parece, solo digo parece, no interesar a los ciudadanos, sería bueno que vayan sabiendo esto: el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en ocupar La Moncloa supondrá –si no se repiten elecciones y obtiene en ellas, junto con Santiago Abascal, la mayoría absoluta– el naufragio de su plan para dar otra vuelta de tuerca al Estado Judicial Español controlado, salvo el Tribunal Constitucional, por la derecha.

Empezamos, pues, esta serie del verano del 23 por ese fracaso.

¿Qué plan tenía –tiene– Feijóo?

Aunque parezca cosa de iniciados, el objetivo estratégico del presidente del PP y su círculo de asesores consiste en anular todavía con mayor eficacia la independencia del poder judicial y ponerla en manos del poder económico, a través de los grandes despachos de abogados.

Una de las medidas más relevantes que pensaba poner en práctica inmediatamente –"devolver" la función de nombrar a jueces y magistrados– era precisamente eso. El actual CGPJ iba a reconquistar el control de los nombramientos de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (22) pendientes. ¿Qué suponía esto? Lisa y llanamente: condicionar la doctrina constitucional durante décadas.

¿Por qué? Feijóo prometía, aparte de devolver las funciones para hacer esos nombramientos, cambiar el sistema de elección del CGPJ, plan que requería tiempo para aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. No menos de nueve meses o un año. Mientras tanto, se mantenía indefinidamente al actual CGPJ caducado y mutilado. Este Consejo debe tener 20 miembros a los que se une el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside. Fue elegido por cinco años a primeros de diciembre de 2013.

En noviembre de 2018, el presidente del PP, Pablo Casado (89 escaños), propuso al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez (120 escaños), nombrar a Manuel Marchena para presidir el TS y el CGPJ. Marchena, consultado por el exministro de Justicia Rafael Catalá –que llevó la negociación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado–, dio su luz verde. Sánchez aceptó. Se pusieron de acuerdo en el nombre de Marchena y el PP no propuso cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Ambos no reunían la mayoría de tres quintos exigida para modificar ciertas leyes, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de 1985. El pacto naufragó al filtrarse el nombre de Marchena.

Desde entonces, el PP puso como pretexto que con el procedimiento vigente, cuyas últimas modificaciones se hicieron en los gobiernos de Aznar y de Rajoy, no apoyaría la renovación del CGPJ caducado. Desde la UE se exhortó a hacer los nombramientos con el sistema actual y luego, en todo caso, cambiar el sistema de elección. En este proceso, el Gobierno consideró que un CGPJ caducado ya no podía seguir haciendo nombramientos. Εl Senado aprobó en marzo de 2021 la ley que anuló esa facultad. Feijóo pareció entrar en razón pero cuando el pacto para la renovación estaba sobre la mesa giró de posición y rechazó firmar el acuerdo porque el Gobierno eliminaba el delito de sedición en el Código Penal.

Lo que queda del CGPJ de 2013 (sin su presidente, Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y otras bajas por jubilación, fallecimiento o dimisión) debía, pues, según el plan Feijóo, realizar todos los nombramientos pendientes. Son alrededor de 100. Todos altos cargos y magistrados del Supremo. Quienes van a dirigir la justicia durante la próxima década. Ya circulaban, en las semanas previas al 23J, listas de amigos de los actuales vocales conservadores del CGPJ. El plan suponía un ataque a la Constitución. Porque entregaba las facultades de gobierno del Poder Judicial a un órgano que tiene una duración tasada de cinco años y prácticamente lo duplica. Porque, además, las bajas producidas han alterado los equilibrios profesionales, establecidos por la Constitución, de 12 jueces y 8 juristas. Las bajas han afectado más a los jueces, que son los que se jubilan, y menos a los abogados, que hoy son los que de hecho han pasado a mandar mucho más. Y son ellos quienes se preparaban para hacer los nuevos nombramientos cuando supieron que Feijóo les concedería este enorme poder.

Tres son hoy hombres fuertes del CGPJ: su nuevo presidente en funciones desde el 19 de julio, Vicente Guilarte (letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España), José María 'Mario' Macías (socio del bufete Cuatrecases Gonçalves Pereira) y Enrique Lucas (director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo).

"Un juez que falle a favor de los consumidores y en contra de los bancos, puede despedirse de llegar al Tribunal Supremo", dice una fuente judicial consultada.

Y por fin, el equilibrio ideológico, que pretende defender la Constitución, también se ha roto. Entre los vocales progresistas del CGPJ se han producido tres vacantes por lo que la mayoría conservadora sigue siendo absoluta, sin reflejar los cambios electorales de 2019. En definitiva: ha fracasado el intento de Feijóo de otorgar la facultad constitucional de nombramientos de los altos cargos judiciales a lo que ya son los restos del viejo CGPJ. Ello hubiera configurado una nueva composición de la justicia española absolutamente deslegitimada, ajena al modelo constitucional y entregada a los grandes bufetes de abogados.

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