Antes y después

Ayer el Gobierno de Canarias cuasi derogó el impuesto de Sucesiones. Hombre, está bien. Es una de esas cargas tributarias que suponen –globalmente– algo próximo a una insignificancia recaudatoria pero que les jeringa mucho la vida no a los ricachones –que son precisamente los que lo pueden pagar sin problemas– sino a la cada vez más exhausta clase media. Por supuesto que de inmediato salieron los cruzados de ese animal mitológico, la fiscalidad progresista, anunciando que a causa de la supresión del impuesto de Sucesiones en los hospitales públicos comenzaría de inmediato un angustioso déficit de bacinillas y tiritas. Lo que venga después es más complicado. Para Fernando Clavijo y para todos los gerifaltes. Porque el Gobierno que está en funciones es el presidido por Pedro Sánchez, pero esa situación transitoria afecta, y sobre todo afectará a partir del próximo enero, a los gobiernos de todas las comunidades autonómicas. ¿Cómo armar unos presupuestos generales si, como es obvio, los presupuestos generales del Estado serán prorrogados? Y cuando por fin se meta mano a un nuevo proyecto presupuestario, después de las navidades, ¿cómo impactarán en su estructura de ingresos y gastos las nuevas condiciones que impone Bruselas para comenzar a transitar de nuevo hacia el rigor fiscal, la reducción y estabilización de la deuda pública, la imperiosa necesidad de contener el gasto? La neuralgia se ha generalizado entre los presidentes autonómicos (socialistas, conservadores o nacionalistas) y la preocupación es creciente. Si no puedes diseñar y al cabo aplicar unos presupuestos públicos realistas no puedes implementar ningún programa político serio que no sea algún tipo de redundancia. Sin presupuestos –en síntesis– no se puede hacer política. No hay un gobierno en funciones en España. Hasta cierto punto, y solo con una pizca de exageración, puede afirmarse que existen hoy 17 gobiernos en funciones de una punta a otra del territorio español. Uno de las razones por las que a las élites políticas les aterra que las flamantes Cortes se disuelvan para ir a nuevas elecciones es, precisamente, el empeoramiento catastrófico de las expectativas presupuestarias, económicas y fiscales de todo el país. Un país bloqueado y paralizado. Un Estado –unas comunidades autonómicas– zarzaleando en la impotencia y un Consejo de Ministros que sigue despachando asuntos corrientes hasta el fin del mundo. Mientras tanto las señales de alarma (aumento del desempleo, persistencia de la inflación, cierres y deudas empresariales, debilitamiento del sector servicios, una deuda pública cada día más aplastante, dificultades técnicas y cuellos de botella en la gestión de los fondos extraordinarios de la UE) no dejan de crecer.

El maestro Joaquín Estefanía ha señalado recientemente que deviene imposible mantener la cohesión territorial y la cohesión social –cada vez más dañadas en los últimos quince años– sin una reforma estructural del sistema fiscal. Modestamente, un servidor cree que esta reforma tributaria debe ir acompañada de una reforma de las administraciones públicas y de modelos de gestión ya agotados, claramente inservibles o irresponsablemente caros –por ejemplo, en las universidades y en los centros hospitalarios y la atención primaria–. Después puede usted –si es la vicepresidenta gallega y actúa como una meiga de la izquierda divina de la muerte– viajar hasta Waterloo sobre su escoba dorada y negociar el trozamiento del Estado con un señor golpista y corrupto que se cree una reencarnacion histórica de Wifredo el Velloso o de Pau Casals, ya no lo tengo claro. Después, no antes. O este país termina con el bloquismo o el bloquismo termina con este país. Porque esta triple reforma: la fiscal, la administrativa y la territorial –con o sin cambios constitucionales– solo puede llevarse a cabo exitosamente desde la colaboración abierta entre el PSOE y el Partido Popular.

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