Ni siquiera un ataúd

Para ser preciso la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, no se ha negado a que se sepulte a migrantes en su municipio, sino a que su corporación financie íntegramente los entierros. Afirma que cada uno le cuesta a su ayuntamiento 800 euros. Me parece ligeramente repugnante, eso sí, que la alcaldesa haya tomado como opción «no tolerar» ningún entierro más. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar pudrir los cadáveres en las calles de su pueblo? ¿Utilizarlos como abono en los jardines y parterres de los hoteles? La señora Bueno, que obtuvo una arrasadora mayoría absoluta en las elecciones locales del pasado mayo, podía multiplicar sus demandas a la Delegación del Gobierno de España en Canarias, acudir más tempranamente a la prensa para denunciar esta situación o intentar convocar a la Fecam para debatir abiertamente sobre el rol de los ayuntamientos isleños en la gestión de la crisis migratoria. Pero no: la señora Bueno ejerce presión declarativa – y toma decisiones políticas – precisamente sobre la parte más débil de la situación: los migrantes. Las víctimas se convierten en los responsables de los problemas financieros de Bueno y su gobierno municipal al tener que pagarles el entierro.

No es Bueno, es peor. Precisamente la participación de los ayuntamientos como agentes institucionales en la gestión de la migración es un asunto escasamente discutido en Canarias. En lo que se llamó la «crisis de los cayucos» de 2006 muchos ayuntamientos actuaron espontánea y unilateralmente ofreciendo auxilio en la acogida de los miles de migrantes que llegaban a las costas canarias. Pero fue una acción tan admirable como voluntaria y siempre subordinada al Gobierno central. Madrid retiene casi todas las competencias en materia migratoria y solo ha cedido a la Comunidad autónoma la atención y tutela de los migrantes menores de edad. Ha cedido, en efecto, la tutela de los menores migrantes no acompañados, pero sin transferir un céntimo, y sin mostrar precisamente diligencia para reubicar una parte de los 3.000 niños y adolescentes de origen africano que viven en las islas en otras comunidades autónomas. Si hay alguna materia que reclama precisamente una cooperación multinivel es precisamente esta. Es evidente que el Gobierno central debe asumir --como hasta ahora -- el control de la inmigración, pero tanto Gobiernos autónomos como cabildos y ayuntamientos deberían ser reconocidos como socios activos y desarrollar políticas públicas sobre inmigración coherentes entre sí y debidamente protocolizadas. No se entiende –o se entiende demasiado -- que los restos de un cayuco pasen meses en una playa sin que sean retirados por la Delegación del Gobierno o que no exista un fondo financiero común para la atención urgente de los migrantes, también en las políticas de integración e inclusión de la población migrante en el ámbito local, donde la mitad de los extranjeros residentes proceden de Europa, casi una tercera parte de Latinoamérica y menos de un 10% de África: nuevos canarios cuya integración se está desarrollando con poquísima atención por parte de los poderes locales. Es imprescindible que el Gobierno autónomo, los cabildos y los ayuntamientos, abiertos a la colaboración con las ONG y el tercer sector, definan una acción política y administrativa concertada en materia migratoria – tanto de la emigración legal como la que no lo es -- y valoren su costes económico y su operatividad. ¿por qué el Foro Canario de Inmigración un yermo inoperante? La colaboración sistemática interadministrativa es la única manera de presionar con cierta eficacia, desde la unidad, al Gobierno central para que cumpla con sus compromisos competenciales. Lamentablemente esa unidad está bichada por los intereses partidistas y las pleitesías debidas de los partidos estatales hacia su dirección madrileña, y esto es así hasta el punto de que el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, siempre encuentra reproches que hacerle al Gobierno autonómico cuando se descubre un cayuco en el horizonte y, en cambio, calla mezquinamente cuando el Gobierno central se niega en redondo a reforzar los recursos de Salvamento Marítimo en aguas canarias. Me parece difícil saber cómo juzgará la historia a Torres como presidente, pero como expresidente está claro: es una lástima.

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