Opinión

José Sánchez Ruano

Canarias y la mal llamada tasa verde

Viajeros en un aeropuerto

Viajeros en un aeropuerto / Álex Zea - Europa Press - Archivo

La conocida como ley europea sobre el clima, el reglamento 1.119 de 2021, obliga a la Unión Europea a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55% con respecto a las existentes en 1990 para el año 2030 y a alcanzar la neutralidad climática total en 2050.

Por ello, esta obligación se denomina en la jerga europea ‘objetivo 55’, que es un paso más de la transición verde en que se encuentra inmersa la UE.

El ‘objetivo 55’ se ha ido concretando en los últimos años en ocho reglamentos, cuatro directivas y dos decisiones que ya están adoptados y publicados en el Diario Oficial de la UE. Únicamente quedaría por aprobar, al día de hoy, la directiva de fiscalidad de productos energéticos que se encuentra en la fase final de negociación en el Consejo de Ministros de la UE. 

Todo este paquete legislativo se podría agrupar en dos tipos de actuaciones:

1. Actuaciones económicas que van a afectar, entre otros: a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, al transporte aéreo, al transporte marítimo, al transporte por carretera, a la eficiencia energética, y al uso de la tierra y la agricultura.

Estas actuaciones van a tener para Canarias, al igual que en las otras regiones ultraperiféricas, unas exenciones temporales hasta 2030 para el transporte aéreo y marítimo entre las islas y el resto de España. Sin embargo, las conexiones con el resto de Europa, tan importantes para nosotros, van a estar sujetas a la aplicación paulatina del nuevo sistema. Ante ello, y teniendo en cuenta que en 2026 se evaluará su impacto en la conectividad aérea y marítima, es necesario llevar a cabo desde el próximo uno de enero una vigilancia y seguimiento de los precios de los diversos sistemas de transporte para tener una información clara, detallada y objetiva de los mismos, con vistas a poder plantear en su momento las correcciones que sean necesarias.  

En realidad, el sistema de comercio de derechos de emisión, que es un elemento central del ‘objetivo 55’, comenzó a funcionar en la UE en 2005, aunque hasta ahora una parte importante de los mismos se asignaba gratuitamente a muchas industrias y actividades contaminantes. Con las nuevas regulaciones se llevará a cabo una eliminación progresiva y paulatina de estos derechos gratuitos. 

2. Actuaciones fiscales, que se refieren a la directiva sobre fiscalidad de los productos energéticos con vistas a que la misma refleje sus repercusiones en el medio ambiente y sea coherente con la reducción de las emisiones a la atmósfera. Particularmente, se van a gravar los combustibles usados por la aviación y el sector marítimo, que hasta ahora estaban prácticamente libres de impuestos. 

Esta nueva fiscalidad, es lo que en Canarias hemos llamado erróneamente ‘tasa verde’, supongo que por simplificar el concepto.

Respecto a esta revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía, hay que tener en cuenta que la imposición vigente sobre los productos energéticos en la UE no se ha aplicado nunca en Canarias, porque estamos fuera del territorio fiscal europeo desde nuestra integración.

En esta renovada directiva sobre fiscalidad de productos energéticos, ya está previsto que Canarias vaya a continuar exenta de la aplicación de la novedosa imposición armonizada a los productos energéticos.

Tiene una importancia estratégica lograr el fomento y desarrollo de la producción en nuestras islas de los nuevos combustibles no contaminantes

La eficacia de las medidas para descarbonizar la economía en los próximos años dependerá no solo de lograr el objetivo medioambiental, sino también de que la transición verde contribuya a promover una sociedad sostenible y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Hay que tener en cuenta que la transición energética no es únicamente una cuestión tecnológica y de inversión, sino también un profundo desafío global. Por tanto, las consideraciones climáticas estarán presentes en todo tipo de políticas y decisiones.

En consecuencia, el sector y la industria energética tendrá una posición cada vez más estratégica en la economía, puesto que se trata de un motor esencial para el conjunto de las actividades, particularmente en Canarias.

La descarbonización requerirá una profunda transformación de muchas actividades económicas en los próximos años, para ello se requerirá, entre otras cosas, procedimientos de autorización ágiles y que eviten cargas administrativas engorrosas, proporcionando asimismo un acceso rápido, ágil y sencillo a la financiación necesaria al respecto.

La transición verde, que con el nombre ingles de Green Deal, se ha convertido en uno de los ejes principales de actuación de la Unión Europea, va a tener un impacto directo en Canarias en aspectos tales como el transporte aéreo, marítimo y por carretera, lo que requiere de un seguimiento permanente de la misma por parte de nuestras instituciones y de la sociedad canaria en general.

Al mismo tiempo, hay que desarrollar el potencial de Canarias ligado directamente a las múltiples fuentes de energías renovables con que contamos. 

En este ámbito concreto tiene una importancia estratégica lograr el fomento y desarrollo de la producción en nuestras islas de los nuevos combustibles no contaminantes que ya se están fabricando en otros lugares de la UE, como el combustible sostenible de aviación (SAF), para el que Canarias, al igual que las demás regiones ultraperiféricas, tiene ventajas económicas particulares ya recogidas en la directiva 2023/958 y que se concretan en que la diferencia de precio entre el queroseno tradicional y el SAF, será cubierto hasta 2030 con una reserva de derechos de emisión destinada a fomentar el suministro y la producción de SAF en estas regiones.  

Por último, hay que señalar que tanto en las directivas como en los reglamentos ya aprobados se establece y prevé la adopción por la Comisión Europea de múltiples actos delegados en los próximos meses para desarrollar, concretar y aclarar técnicamente la aplicación precisa de dichas disposiciones, por ello es importante hacer un seguimiento del proceso de elaboración de dichos actos