Impunidad de la violencia y la muerte

Según la versión oficial y periodística disponible, había llegado a la aldea en auto propio. Se dirigió a la puerta y llamó. Disparó dejando atrás el cadáver de Santiago Contoricon, líder del pueblo Asháninka, y a su esposa y a sus hijos, testigos impotentes y dolientes del crimen. Un par de días después, el periódico La República de Lima hacía notar ocupando toda la primera página que más de veinte líderes indígenas habían sido asesinados en Perú en los últimos años sin que los jueces consiguieran resultados significativos en condenas.

En la misma semana, en Esmeraldas, norte de Ecuador, nueve personas fueron asesinadas en una balacera. Ecuador, situado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de coca del mundo, es escenario de la actuación asesina de las bandas. En 2023, Ecuador vivió el magnicidio de un candidato a la presidencia y de otras figuras políticas; decomisó más de cincuenta toneladas de coca y el estado de excepción no consiguió la completa pacificación; en los dos últimos años, más de cuatrocientas personas han sido asesinadas en los centros penitenciarios del país, donde se libra una lucha entre las bandas. La violencia empuja a millares de ecuatorianos a dejar su país.

Los informes de Naciones Unidas establecen que «América Latina y el Caribe, vista en conjunto, es la región del mundo donde más homicidios intencionales se registran año tras año, tanto en términos absolutos como por número de habitantes». Si la tasa media mundial de asesinatos puede estar en torno a seis personas por cada cien mil habitantes, en la región se alcanza en torno a veinticinco El 92% de los asesinados son hombres jóvenes, mayoritariamente entre 15 y 29 años. No se debe esto a que los estados latinoamericanos sean laxos con los criminales, porque las prisiones de la región registran los índices de población encarcelada porcentuales más altos del mundo. Tampoco se trata de la pobreza en sí misma, porque buena parte de los índices de violencia crecieron en la época en la que el extractivismo generó mayor riqueza. Además, en diversos estados, los ejércitos realizan funciones de seguridad que, en un esquema constitucional ordinario, corresponde a las policías.

Muchos conflictos tienen su origen o su alimento en la mayor tasa de desigualdad del planeta, que propicia el reclutamiento de muchos jóvenes por bandas que les ofrecen su único futuro. La debilidad o la ausencia del Estado propicia un ambiente donde el crimen permanece impune y los criminales se erigen como el único orden reconocible. No es ajeno al actual clima de violencia el desarrollo de las guerrillas que, a partir de los años cincuenta, llenaron las sociedades de armas provenientes de conflictos y tensiones políticas ajenas a la región; desde entonces, vivimos un intento reiteradamente fracasado de poner coto a la distribución de armas. No es anecdótico que el poderío de los carteles mexicanos coincidiera con una legislación norteamericana, la de la Administración Bush hijo, que liberalizó el acceso a armas a partir del comienzo del siglo XXI. Todo ello suma al fracaso de las políticas de gestión del tráfico de estupefacientes, origen de organizaciones de crimen organizado que ocupan territorios cada vez más amplios.

Si observamos qué ha pasado en otras regiones del planeta, para que se reduzca la violencia, el desarrollo del sistema educativo es prioritario. Junto a esto, la credibilidad de la policía y del sistema judicial ayudan. Pero en ningún lugar del mundo, estos elementos pueden actuar eficazmente si la desigualdad impera y las opciones que se plantean a los jóvenes están mayoritariamente entre la pobreza, la victimización o pasar a formar parte de una organización ilegal violenta que les asegura identidad y plata.

Tras el asesinato de Santiago Contoricon, la organización Ashaninka de referencia en la zona del río Tambo, en la selva central del Perú, solicitó explicaciones al Gobierno por lo que considera un comportamiento de total desidia hacia la vida de las comunidades en torno a Puerto Ocopa (así se llama la localidad). Del mismo modo, pidieron el retiro de la base de la Marina, incapaz de brindar seguridad. Reclaman que se limite el tránsito de navegación por río Tambo, alto Amazonas. La organización pide también estar informada sobre los posibles avances de la Fiscalía en la investigación. Las organizaciones de Derechos Humanos del Perú apoyan estas peticiones del pueblo Ashaninka, pero casi ninguno de los condicionantes que provocan la violencia depende de las actuaciones de la comunidad. Si los dejamos solos ante el narco, la minería ilegal, las talas de madereras mafiosas y el tráfico de armas y personas, están condenados a seguir sufriendo el asesinato o a pactar con el crimen organizado para obtener más seguridad o una parte del negocio.

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