Nada ha acabado en Chira

Hay una pregunta pertinente para explicar el avance inicial de ese estúpido –realmente estúpido– proyecto de central hidroeléctrica de Chira Soria. ¿Por qué todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo de Gran Canaria han respaldado este engendro, al margen de alguna que otra vocecita al fondo, con todo su potencial destructivo ecológico, medioambiental, cultural y paisajístico? ¿Qué santo temor o curioso interés les produce la participación de Red Eléctrica Española en este asunto? ¿Cómo es posible que sea el presidente de un partido nacionalista de centroizquierda –y que se proclama ecologista, verde y todo lo que haga falta– sea la comadrona de este aborto megalomaniaco?

Hace muy pocas semanas pareció allanarse definitivamente el terreno para la central de Chira –ya se estaban realizando obras– al conceder la Unión Europea una excepción para que Red Eléctrica pueda ejecutar el proyecto con cientos de millones de euros de dinero público y, al mismo, gestionarlo y comercializarlo en el futuro. Durante dos años las obras se han realizados en un limbo jurídico porque Antonio Morales –ese visionario que no sabe ni por donde arrastra los pies– tenía prisa. Primero para contentar a sus socios del Godo más auténtico. Segundo para salirse con la suya cuanto antes, un objetivo irrenunciable que no ha tolerado la crítica, el disenso o el rechazo, haciendo gala de un autoritarismo intolerable e intolerante. Morales simplemente quería arrasar, y probablemente lo va a conseguir. No arrasar a los críticos, sino a la biodiversidad y al paisaje del barranco de Arguineguín, entre otras cosas. Es asombroso que la evidencia científica, las simulaciones teóricas y el evidente impacto emporcador de una central hidroeléctrica reversible hayan sido sustituido por un discurso político mesiánico y complaciente, por la hipocresía genuflexa y por toneladas de publicidad servida en todas las expresiones y variedades imaginables. Que más de 200 kilómetros cuadrados de Gran Canaria queden arrasados y que se afecte a cinco espacios naturales de la Red Natura (la ZEC Nublo II, El Macizo de Tauro II, Franja Marina de Mogán y Tauro y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de Ayagaures y Pilancones se las trae absolutamente al pairo a Morales y a los que comen –algunos con postre doble, copa y puro– de su insustituible liderazgo en Gran Canaria. Un liderazgo tan lúcido y preclaro en materia energética que cuando queda patente que los grupos de generación eléctrica de las centrales térmicas en Gran Canaria, y en las restantes islas están obsoletos, Morales comenta que no sabía nada.

¿Qué cabe hacer ahora? Para empezar seguir negando la narrativa impuesta por el presidente del Cabildo grancanario, su equipo y sus tan desinteresados simpatizantes: la decisión de la UE no pone fin al debate social sobre los onerosos costos políticos, financieros y ecológicos de la central de Chira. Solo faltaba. Hay que redoblar, potenciar y renovar la protesta cívica ante esta barrabasada que ni siquiera servirá para garantizar un suministro energético «limpio» para Gran Canaria en los próximos lustros. Carece de sentido y rentabilidad social insistir en que esta infraestructura llevará al 50% de energía renovable en Gran Canaria para 2026 si el precio es un destrozo irreparable. Tal vez sería más interesante acercarse a la oposición que seguir intentando hablar con un gobierno insular para el que los disidentes al proyecto son enemigos políticos obviamente pisoteables. Que en el año 2024 se defienda que una central hidroeléctrica reversible –en una isla sin ríos ni lagos– es la mejor estrategia para descarbonizar el territorio –arrojar miles de kilos de salmuera al mar todos los años debe parecerles pecata minuta– es una guanajada mayúscula. No resulta preciso ocasionar una hecatombe medioambiental si se revisan –con el máximo rigor– viejas ensoñaciones de un político ensoberbecido a punto de jubilarse y se articula una estrategia de diversificación de energías alternativas encuadradas en un mix que deberá contemplar el petróleo durante los próximos veinte años, aunque decrecientemente, estimulando el ahorro energético y penalizando el despilfarro.

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