No ha habido tregua ni en las jornadas previas al Sorteo de Extraordinario de la Lotería Navidad, cuando se forman largas colas de compradores ante muchas administraciones. Y es que el enfado de los loteros con Hacienda, por una reforma que se temen privatizadora, les ha sacado a la calle y movido a amenazar con la primera huelga de su historia.
El pasado día 9, centenares de vendedores de Lotería, llegados a Madrid desde otros muchos lugares de España, se manifestaban ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda para hacer visible su rechazo a una reforma que entrará en vigor con el nuevo año, el 1 de enero de 2010, y que les mantiene en vilo desde hace meses.
Concentración que los loteros quieren repetir el martes por la mañana a las puertas del madrileño salón de loterías, mientras en su interior se celebra, un año más, el sorteo que más millonarios hace en menos tiempo, el sorteo Navidad, y en el que en éste 2009 de crisis los españoles jugamos más de 2.700 millones de euros.
De nada han servido las palabras tranquilizadoras de los responsables de Loterías y Apuestas del Estado, negando insistentemente que en su ánimo esté privatizar la venta de tan popular juego de azar, ni mucho menos que se pretenda la desaparición del décimo de lotería.
"No se va a producir ningún cambio que sea perjudicial para los loteros. De privatización nada. No entiendo tanta polémica", destacó Juan Antonio Gallardo, director comercial de Loterías y Apuestas del Estado.
El motivo de la discordia son dos disposiciones -la 32 y la 34- incluidas -"con premeditación y alevosía, sin negociación previa", dicen los loteros- en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
"Nos han oído, pero no nos han escuchado", aseguraba a EFE Manuel Izquierdo, lotero y presidente de ANAPAL, Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, una de las patronales del sector.
Cuando entre en vigor la reforma, la comercialización del juego público de la lotería pasará a regirse por las normas del derecho privado, pasándose de un sistema basado en las concesiones administrativas a otro basado en contratos mercantiles privados.
