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Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

El Tribunal de Cuentas recomienda el sistema de control interno de la ULPGC

Javier Medina resalta la importancia de la rendición de cuentas en la educación superior

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un sistema de control interno pionero en España que, a juicio del Tribunal de Cuentas "es un ejemplo para el resto de las universidades del país". Así lo afirmó Javier Medina Guijarro, consejero del Tribunal de Cuentas y Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el marco de las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas Los retos inaplazables del Sistema Universitario Español: Nueva gobernanza, reputación, internacionalización y compliance, celebrada esta semana en Gran Canaria, bajo la organización del Consejo Social de la ULPGC.

Medina, que impartió la conferencia 'Transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la educación superior' se refirió al informe del Tribunal de Cuentas en 2012 de todas las universidades españolas en coordinación con las instituciones de control externo de las comunidades autónomas, entre ellas la Audiencia de Cuentas de Canarias, publicado en 2015, que contiene conclusiones y recomendaciones que afectan a todos los aspectos de organización de la Universidad.

Hizo hincapié, en que la transparencia y rendición de cuentas es fundamental en la gestión de las universidades públicas, y una de las recomendaciones que realiza es que se traslade el control interno que existe a nivel de la Administración General del Estado al ámbito de las universidades.

Ejemplar

"El sistema de control interno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es ejemplar para todas las universidades, porque es la única Universidad, junto con Asturias cuyo sistema es similar, que va en la línea que recomienda el propio Tribunal, así como las resoluciones de la comisión mixta del Congreso y el Senado", subrayó Medina Guijarro, al tiempo que lo definió como un sistema de control interno "alejado del ámbito de la gestión y por tanto alejado del ámbito de la gerencia, y dependiente del Consejo Social de la Universidad".

También aplaudió que dicho sistema de control se efectúa a través de sus diferentes modalidades, como son la función interventora, el control financiero y la auditoría pública. "En el caso de Canarias, existe también la creación de un comité de auditoría que lleva a cabo una supervisión de los sistemas de control interno, que creo que es muy ejemplar, tanto por su composición, como por su funcionamiento, y por el plan de auditorías trienal que lleva a cabo".

Un control que, a juicio del consejero del Tribunal de Cuentas, permite detectar posibles irregularidades, como es el caso de la ex vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, Rosari Berriel, descubierto por el Servicio de Control Interno de la ULPGC en una auditoría, y cuyo informe revelaba "graves irregularidades e indicios de delito" en la contratación, motivo por el que el Consejo Social trasladó el informe a la Fiscalía el pasado mes de julio.

"La finalidad de los sistemas de auditoría, a pesar de lo que pueda pensar mucha gente, no es detectar supuestos de fraude, porque no estamos dotados de competencias para luchar contra el fraude, pero en ese ejercicio de la función te puedes encontrar con supuestos de este tipo que debemos remitir a los órganos competentes, a la jurisdicción penal o a la del propio Tribunal de Cuentas para que exija las responsabilidades que haya lugar".

Dicho esto, matizó que la finalidad de los Tribunales de Cuentas es contribuir a mejorar la gestión pública, a que los gestores se adapten cada día más, tanto a la legalidad como a un comportamiento eficaz y eficiente en el uso de los fondos públicos. "Por eso, los informes que hacemos tienen al final unas conclusiones y recomendaciones que son muy importantes porque son las medidas que los órganos de control, desde una perspectiva técnica, recomiendan al gestor, para mejorar esa gestión. Y los parlamentos, nacional y autonómicos, deberían ser los primeros interesados en ver si se cumplen o no esas recomendaciones por parte de quien gestiona los fondos públicos", subrayó Medina Guijarro.

Una medida que, a su juicio, también podría prevenir casos como el de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. "En el ámbito de la mejora de la gestión son fundamentales las medidas de prevención, pasa igual que el ámbito de la medicina, es mejor prevenir que actuar una vez que el hecho se ha producido".

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