"El próximo mes de septiembre, cuando comience el nuevo curso escolar, la tradicional queja de miles de familias españolas sobre la carestía de los libros de texto puede estar más justificada que nunca". Así lo afirman los profesores de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Javier Campos y Juan Luis Jiménez, en el análisis realizado del expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, emitido el pasado 30 de mayo, que multa a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele) por coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia, en detrimento de los consumidores (familias) y del propios Estado (ayudas para la compra de libros).
"El mercado de los libros de texto en España ha sido muy poco o nada estudiado, y siempre nos ha interesado cuál es la relación que existe entre las editoriales y las librerías por una parte, y sobre todo los efectos que tienen el comportamiento de las editoriales hacia los que compran los libros. En este negocio, aunque a uno le pueda parecer que los clientes reales de las editoriales son las familias, en realidad son los colegios, porque son los que determinan los libros que los padres deben comprar para sus hijos", indicó Jiménez, doctor en Economía por la ULPGC y coautor del post en el blog especializado nadaesgratis.es, que analiza la resolución de la CNMC.
Los investigadores destacan en su análisis que el expediente de la Comisión "ofrece algunos datos sorprendentes sobre el funcionamiento de un sector en el que la existencia de un 'código de buenas prácticas' encubría, en realidad, conductas colusorias".
Según apuntó Jiménez, a las editoriales se le sancionó por dos motivos: por haber pactado un precio mínimo de diez euros en las licencias para los libros digitales e intentar que cada una de esas licencias no sean utilizables por otras personas más allá del propio alumno; y por acordar evitar gastar dinero en publicidad para que los colegios recomendasen los libros de determinadas editoriales.
Incentivos
"Las editoriales habitualmente han regalado material a los colegios (libros, ordenadores, proyectores...), para incentivar la compra de sus productos. Esta inversión en publicidad les estaba suponiendo hasta un 30% de los gastos de las empresas. Por eso acordaron dejar de luchar en publicidad, reduciendo dicho coste", explicó el profesor Jiménez.
El investigador de la ULPGC matizó que, si bien, dicha medida podría dar a entender que los colegios elegirían el libro en función de la calidad de los textos y no de los incentivos de la editorial, lo cierto es que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deja entrever un acuerdo entre las editoriales para no competir entre ellas y respetar los colegios con los que cada una lleva años trabajando. "Por un lado eliminan la política de incentivos para ahorrar ese 30% del gasto, pero al mismo tiempo pactan que cada uno siga con sus colegios, manteniendo el status quo, eliminando la competencia. Con lo cual, que el colegio compre el libro en función de la calidad es lo que necesita el sistema, pero que haya reducido la publicidad no implica que se genere competencia en el mercado porque precisamente las mismas editoriales sugieren que nadie les quite colegios a otras editoriales".
La Comisión, por tanto acordó sancionar al sector por restringir la inversión en publicidad y por acordar el precio mínimo de los libros digitales. "Esta práctica se descubrió porque una de las empresas que firmó el acuerdo consideró que era ilegal, quiso salirse del mismo y lo denunció. Las demás editoriales entonces atacaron a esa empresa en los colegios. Existen documentos donde se constata que se meten con la editorial que se había salido del acuerdo e intentan que los colegios vieran como algo ilegal los propios regalos que ellos mismos habían estado regularmente dándoles para evitar la competencia".
Los profesores de la ULPGC señalan que el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, constató, a través de documentación interna, que el código de conducta no tenía un mero carácter orientativo, sino que llevaba asociado una serie de instrumentos para la supervisión y seguimiento de las recomendaciones, la resolución de posibles conflictos, e incluso para sancionar monetariamente su incumplimiento. Su efectividad anticompetitiva tampoco fue puesta en duda, ya que los precios de los libros de texto no universitario siguieron en aumento durante el periodo que duró el acuerdo, a pesar de las reducciones evidentes en gastos comerciales.
"Sin prejuzgar el resultado final de este caso, tras los correspondientes recursos judiciales anunciados por los afectados, resulta interesante constatar una vez más los difíciles caminos por los que se mueve la competencia en España. Para las empresas que participan en cada mercado, la frontera entre la 'recomendación' y la 'práctica concertada' sigue siendo muy difusa", apuntan.
En base al análisis de la citada resolución,el profesor Juan Luis Jiménez considera que, si bien la sanción debería mejorar los resultados para los usuarios, en la práctica existen pocos indicios de que vaya a ser así. "Las editoriales siguen teniendo el poder, la capacidad de atraer esa demanda, porque es un mercado limitado, hay unas siete u ocho importantes que al final se reduce a dos, que son las que más cuota de mercado tienen y es muy difícil salirse de ese sistema", subrayó.
El investigador estima que debería ser la propia Administración la que denunciara a las editoriales y les reclamara los daños ocasionados. "Buena parte de los libros de texto que se compran en este país son financiados mediante becas, y pagan precios más altos de los que hubieran tenido si hubiese habido competencia. Por tanto, no solo se ha robado a los consumidores finales, a las familias, también al Estado", concluyó.
Como recomendación final, Jiménez apuntó que además de que la Administración reclame daños a las editoriales por los sobrecostes generados, que se incentive la libre elección de los manuales en los colegios en base a la calidad de los contenidos.
