El Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Canarias) asegura que el 2021 fue un año marcado por las reivindicaciones sobre el Catálogo de Prestaciones y Servicios. En opinión de la presidenta de esta entidad en el Archipiélago, Carmen Laucirica, este asunto no se ha logrado resolver de forma favorable para los ciudadanos con algún tipo de discapacidad durante el pasado ejercicio. A su juicio, el mencionado documento «es un instrumento que puede abrir o cerrar puertas; el que abre un horizonte de oportunidades y vidas dignas a las personas con discapacidad o, por el contrario, un horizonte de asistencialismo y de limitación de derechos».
Uno de los objetivos de la entidad es agilizar los trámites para reconocer la dependencia
Para esta portavoz del Cermi, «nuestro propósito en el 2022 es conseguir que en las mesas de trabajo en las que nos ha dicho el Gobierno de Canarias que vamos a participar, el Catálogo resultante tenga una visión más comunitaria y de ciudadanía plena para las personas discapacitadas o políticas de desinstitucionalización». Aclara Laucirica que esos parámetros son los que marca la Unión Europea y los informes del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de estos ciudadanos.
Carencias
La entidad indica que el Catálogo fue expuesto al público el pasado 9 de julio pero con muchas deficiencias y antes del mencionado trámite no se tuvieron en cuenta las demandas de los colectivos, a pesar de las promesas realizadas hasta diciembre del 2020 para que se enviaran y plantearan propuestas, en base a la experiencia adquirida por las organizaciones del Tercer Sector.
Las carencias existentes, según el Cermi, son, por ejemplo, en el ámbito de la atención temprana, que es básica para el futuro desarrollo de las personas con discapacidad, la ausencia de centros ocupacionales, donde los asistentes puedan adquirir competencias para el empleo, vivir en comunidad y desarrollarse como ciudadanos, así como el crecimiento de los servicios vinculados a la accesibilidad en la comunicación.
Bajo el paraguas de Cermi-Canarias están integradas la Confederación Española de Personas con discapacidad física y orgánica (Cocemfe), la Coordinadora de personas con discapacidad física en Canarias (Coordicanarias), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), Fundación Canaria de Personas con Sordera (Funcasor), la Federación de Salud Mental, la ONCE y Plena Inclusión Canarias.
Borrador
Otro de los objetivos de la organización para el próximo año consiste en sacar adelante la Ley de Accesibilidad en el Archipiélago. Laucirica comenta que «nuestras entidades han participado de forma muy activa en el borrador de la Ley y nuestro deseo es que esté publicada en el 2022». «En estos momentos sí nos sentimos respaldados por las mejoras sustanciales introducidas en la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad, tras la aprobación a finales del año pasado de dicha normativa en el Parlamento», señala la mencionada portavoz.
La portavoz lamenta que las ratios de incorporación al empleo público siguen sin cumplirse
Una exigencia irrenunciable de la institución para el 2022 consiste en luchar para que se agilicen los procesos, tanto de valoración como de renovación, de los reconocimientos de discapacidad y dependencia. Hace más de un mes, a raíz de un encuentro con la asociación TeidELA (de apoyo a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA), el responsable de la Diputación del Común, Rafael Yanes, reconoció que, en la actualidad, el proceso para obtener la declaración de dependencia puede prolongarse unos tres años.
Reducción de plazos
Entre las reivindicaciones que Carmen Laucirica y su equipo continuarán planteando en los próximos doce meses figura la disminución de los plazos de las convocatorias públicas de concurrencia competitiva. Laucirica señala que se trata de «conseguir que el Gobierno de Canarias los reduzca hasta tener unos periodos razonables y que les permita a las entidades desarrollar sus proyectos, tanto los de nueva implantación como los de continuidad».
Además, por parte del Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad se solicitará al Ejecutivo Autónomo la mejora de las políticas de empleo para estos ciudadanos, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas y empresas vinculadas a estas, para que los discapacitados puedan acceder a la cuota que tienen reconocida por la legislación, especialmente en los casos de aquellos colectivos con más dificultad para lograr un trabajo, que tienen reconocido un dos por ciento de reserva en las mencionadas plazas.
Los perros de asistencia
Otra de las acciones será demandar que se publique el Reglamento de perros de asistencia, que realizan una labor fundamental para discapacitados visuales, por ejemplo.
Respecto al balance del trabajo desarrollado por parte del Comité en el transcurso del pasado año, la presidenta menciona la puesta en marcha de «nuestro protocolo con el Instituto Canario de Igualdad (ICI), que fue firmado el pasado 9 de diciembre y que nos permitirá realizar estudios para obtener datos sobre la incidencia de la violencia de género en mujeres con algún tipo de discapacidad» en el Archipiélago.
«Sí nos sentimos respaldados por la Ley General de Derechos», que se aprobó hace meses
La información que se recoja en esas estadísticas específicas, y que en estos momentos no existen en las instituciones públicas, permitirá a Cermi-Canarias solicitar el diseño de políticas que mejoren la vida de este colectivo, desde la prevención y el acompañamiento a las víctimas. El mencionado protocolo también fue ratificado por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero.
Cabe recordar que Carmen Laucirica forma parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión España y presidenta de esta organización en Canarias. Accedió al puesto de presidenta de Cermi-Canarias a finales de noviembre del 2019, con lo que se convirtió en la primera mujer que ocupaba dicho cargo en la Comunidad Autónoma.
