Entrevista | Candelaria Delgado Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

Candelaria Delgado: "La discapacidad ha estado olvidada, vamos a poner los esfuerzos en ella"

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias es Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna y grado en Trabajo Social por la UNED

Ha ejercido como trabajadora social tres décadas en el Instituto Canario de la Vivienda y como coordinadora del equipo del Trabajo Social del ICV

Entre 2017 y junio de 2023 ha ejercido como presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. / Pepe Torres

¿Cómo se ha encontrado la consejería?

Hay muchas cuestiones comenzadas pero que hay que ponerle mucho trabajo. Por ejemplo, con la Ley de Servicios Sociales hay órdenes y decretos que sacar como el desarrollo normativo de la ley. En la pasada legislatura se centraron en el catálogo de servicios y prestaciones y tampoco se ha desarrollado del todo. Faltan aspectos importantes para poner en marcha el plan estratégico y el reparto que le corresponde a los ayuntamientos y que financian los cabildos. Ahora hay que negociar con ellos esa dotación que es lo que de verdad pone en marcha la ley. Además, las entidades del Tercer Sector se han quejado de que hay líneas de subvenciones del 2022 y 2023 que no se les han ingresado.

¿Cuál va a ser su primera medida?

Dar prioridad al tema de subvenciones, ejecutar todo ese paquete de medidas que ya estaba en marcha pero que hay que hacerlo llegar a las entidades. Seguir avanzando en la Renta Canaria de Ciudadanía y poner en marcha todo el ciclo de las ayudas, entre ellas el complemento a las pensiones no contributivas que es tan necesario para nuestros pensionistas para pasar el mes en buena situación. Hacernos una planificación de aquí a final de año para intentar sacar todas las medidas posibles que nos puedan llevar a tramitar los fondos europeos y darles a los cabildos y ayuntamientos esa financiación.

¿Con qué fin han creado las nuevas direcciones generales como la del Mayor o la de Discapacidad?

La discapacidad era la gran olvidada porque todo se centraba, que era lógico, en dependencia. Tenemos una lista de espera en los grados bastante importante. Eso está dejando a muchas personas sin poder acceder a servicios o derechos porque no tienen ese grado. Hay que ponerle cabeza a eso y hacer un Plan Sociosanitario, no solo para la dependencia sino también para la atención a la discapacidad. Cada vez vamos a tener en Canarias una población más envejecida, tenemos que darle importancia a esa área, que los mayores participen en la normativa que les afecta y poder desarrollar planificaciones a futuro contando con ellos. 

Uno de sus problemas es la soledad no deseada...

Tenemos que poder detectar situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuántas veces se han dado casos de personas mayores en situaciones extremas porque nadie a su alrededor se había dando cuenta de su situación? o los mayores que tenemos en centros sanitarios porque no hay plazas sociosanitarias. Todo eso es una cuestión que vamos a trabajar coordinadamente con Sanidad para sacar adelante medidas que de verdad sirvan para nuestros mayores.

¿Cómo cuáles?

Acciones de envejecimiento activa, la creación de redes de apoyo que detecten situaciones de alta vulnerabilidad en personas mayores o protocolos contra el maltrato a mayores. Una serie de medidas que hagan que en esa parte de la vida en la que se encuentran ahora estén lo mejor atendidos y respetando sus deseos. 

Tenemos que detectar situaciones de vulnerabilidad en nuestros mayores

Canarias tiene un déficit de 8.000 plazas residenciales, ¿cómo va a afrontarlo?

En primer lugar terminando el Plan Sociosanitario aprobado en el 2017, que los cabildos no han ejecutado. Tenemos que sentarnos con ellos, ver a que acuerdos llegaron con la administración anterior, qué podemos rescatar del Plan Sociosanitario, ponerlo en marcha y distribuir los fondos Next Generation UE que tienen una parte importante para la creación de plazas residenciales. Hay que ejecutar lo más rápidamente posible ese plan, no solo con plazas residenciales a tiempo completo, también con centros de estancia diurna, de respiro familiar o para mayores o dependientes. 

¿Y para los mayores que tienen en alta hospitalaria y siguen en los hospitales?

Hay que revisar si lo que necesitan es una plaza residencial o una adecuación y personas que le atiendan en su domicilio y volver a él. En algunas casos es ese el motivo por el cual no pueden volver a su vivienda, porque no está adecuada a su nueva situación y porque no tienen quien les cuide. A lo mejor solventando eso nos ahorramos una plaza sociosanitaria. Hay que ver cada caso en su conjunto y ver las acciones que ese mayor o dependiente necesita.

¿Se pone algún objetivo de cuántas plazas quieren crear?

Con los fondos que tenemos actualmente está prevista la creación de unas 1.500 plazas sociosanitarias. Eso se nos queda muy corto. Tenemos que intentar, en esta legislatura, crear aunque sea el 50 o el 60% de las que se necesitan.

El Ministerio de Derechos Sociales promovió cambios en el modelo de residencias apostando por centros más pequeños, ¿apoya ese cambio?

Sí, por supuesto. Primero porque es de obligado cumplimiento, tenemos un plazo para llevarlo acabo y tenemos que ejecutar los próximos planes que pongamos en marcha adecuados a ese modelo. Incluso en los fondos Next Generation se ha puesto. Tenemos que cumplir esa normativa y cuando pongamos sobre la mesa las cuantías que cada cabildo va a recibir ya va a tener que adecuarse a ese nuevo modelo. Tenemos que ir a residencias y de centros sociosanitarios cercanos e integrados en la vida de los pueblos y las comarcas. No podemos hacer macrocentros porque no es la atención que se merecen nuestros mayores. No puede ser de otra manera. Esas miniresidencias te son casi como estar en familia.

La dependencia sigue siendo la asignatura pendiente, ¿en qué se ha fallado?

Primero la falta de una estructura de personal fija. Ahora tenemos, con los procesos de estabilización, un armazón inicial garantizado pero ha sido necesario poner varios planes de choque con bastante incremento de personal. Tenemos que tender a que ese personal sea estructural de la administración, para eso el compromiso del presidente del Gobierno de Canarias, el mío y el de todo el gobierno, está en la creación de esa estructura a lo largo de la legislatura, con una Relación de Puestos de Trabajo (RTP) fuerte y consolidada que nos permita tener los efectivos necesarios. Otra cuestión son los aplicativos informáticos que nos permitan tramitar de manera más eficaz los expedientes y al que puedan tener acceso las distintas administraciones para informar y poder ayudar en la tramitación de esos expedientes. Y un tercer bloque es reducir los plazos de administrativos y su simplificación. Poner en marcha las prestaciones que la ley de atención a la dependencia no ha puesto en marcha. Con estas actuaciones podemos empezar a cambiar el rumbo.

Las prestaciones económicas de la dependencia están bien pero queremos potenciar el resto

¿Qué ha quedado pendiente?

En los dos últimos años de la legislatura anterior se dieron de alta a muchas personas con resolución y Programa Individual de Atención (PIA). El problema está en que para poder llevar a cabo ese trabajo se dejaron de hacer las revisiones de grado, por desgracia nuestros dependientes no mejoran, hay muchas solicitudes de revisión de grado pendientes y vamos a centrarnos también en eso. En muchos solicitantes conlleva un cambio de grado y por lo tanto no se les está prestando la debida atención. Hay que empezar a atender estas revisiones y seguir incrementado el repaso de las solicitudes que hay pendientes.

Una de las quejas más frecuentes es la dificultad para tramitar las ayudas

Sí. También estamos hablando de la brecha digital que para personas con discapacidad supone un mundo. Vamos a hacer acuerdos con los cabildos y ayuntamientos para que colaboren en la tramitación y a las personas que presenten o pongan una solicitud en el área de la dependencia se les acompañe durante todo el proceso. Como administración tenemos que facilitar que los ciudadanos, y más en estas situaciones de vulnerabilidad tan grande, y ayudarles en la tramitación para que puedan conseguir sus derechos. Es una labor que tiene que ser facilitadora por parte de la administración. No podemos crear normativas y procedimientos que hagan que las familias canarias y los dependientes no puedan acceder a sus derechos.

En la anterior legislatura se priorizaron las ayudas económicas frente a las prestaciones, ¿se seguirá con esta vía?

Las prestaciones económicas están bien pero hay que potenciar el resto de prestaciones que nos permite la ley de la dependencia. La figura del asistente personal puede ser muy importante, en muchas ocasiones potenciando la ayuda domicilio, con servicios de centros de día y con esa figura no tenemos que desvincular al dependiente de su entorno. Una cosa tan importante como esa. Hay que potenciarlo. Para la creación de los centros de día o plazas sociosanitarias necesitamos ese Plan Sociosanitario. Es una de mis metas. No podemos solo atender a la prestación económica porque ahora a esas personas que se les reconocía esa ayuda tenemos que hacerles esa revisión para dotarles de más servicios.

La Renta Canaria de Ciudadanía no se puede convertir en un embudo como el Ingreso Mínimo Vital

¿Se acabará la lista de espera?

Se podrá con una planificación en los próximos años. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener lista de espera por el envejecimiento de la población. Con la simplificación administrativa y el resto de medidas que vamos a implementar podemos reducir mucho los plazos de espera. No es lo mismo una lista de espera de cuatro años que reducirla para no sobrepasar el límite que establece la ley de la dependencia (6 meses).

Las familias denuncian una falta de implementación de la Atención Temprana, ¿cómo afrontan esta situación? 

Por eso hemos separado la dirección general de dependencia y la de discapacidad para poner los esfuerzos en la discapacidad, no solo en terminar con la lista de espera que hay con los expedientes de grado de discapacidad sino en algo tan fundamental como la Atención Temprana. En unas Islas está puesta en marcha y funciona excelentemente con unos programas maravillosos y en otras no. Para la Atención Temprana ha sido fabulosa la coordinación entre Sanidad, Educación y Bienestar Social, es uno de nuestros objetivos, implementar esa atención en todas las Islas, en el caso de Gran Canaria y Tenerife en las zonas del norte y el sur, porque las familias lo necesitan. Dejar de atender a esos menores nos puede suponer un agravamiento en su situación. Es otro de los grandes retos sobre el que tenemos que ponernos a trabajar para ponerlo en marcha, ejecutarlo y cumplir con la ley. Lo que tenemos que hacer como Consejería es cumplir la ley y los planes que conllevan las normativas que tenemos. No hay otra.

¿Cómo van a desarrollar la Renta Canaria de Ciudadanía?

Hay dos cuestiones. Una seguir avanzando en la implementación, esa Renta Canaria de Ciudadanía tiene varias fases en las que vamos ingresando a nuevas personas beneficiarias según su situación familiar. Y, sobre todo, tener la colaboración de los ayuntamientos para su implementación en esa segunda fase que es el acompañamiento de las familias y de las personas que ya están percibiéndola. No se nos puede convertir en un embudo como ha pasado con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tenemos que ir de la mano de las familias canarias para que cualquier persona o familia que la necesite o precise la tenga. 

Vamos a llevar la Atención Temprana a todas las Islas, dejar a esos menores agravaría su estado

¿Cómo lo harán?

Contaremos con los ayuntamientos de Canarias y con sus trabajadores sociales y todo el personal y con las entidades del Tercer Sector. En muchas ocasiones las administraciones no llegamos a esa ciudadanía que se ve con el escollo de la digitalización. Ni pueden acceder y les cuesta ir a las administraciones públicas a pedir esa prestación a la que tienen derecho. Para eso también iremos de la mano con el Tercer Sector para establecer planes y proyectos que nos ayuden a detectar a todas esas personas y familias en Canarias que la precisen y que no se nos quede nadie atrás.

Las entidades del Tercer Sector, como Cáritas Diocesana de Canarias, apuntan a la pobreza estructural de Canarias. ¿Cómo la van a combatir?

Desarrollando bien la Renta Canaria de Ciudadanía. En ese aspecto de la pobreza estructural, las personas y familias reciben el ingreso económico, pero estamos hablando de la segunda parte que es ese acompañamiento social que va a permitir trabajar los indicadores de exclusión social que tienen. Trabajarlos conjuntamente entre trabajadores sociales y técnicos de empleo para incentivar y proporcionar esos itinerarios de inclusión laboral y social que permitan a las familias y personas salir de esa espiral de pobreza. Colaborar con otras consejerías y administraciones para desarrollar políticas de empleo efectivas que nos permitan crear empleo dignos con salarios dignos. En Canarias en el límite de esa exclusión social hay muchas familias que tienen un empleo, pero que no llegan a final de mes. Una de las cuestiones de la Renta Canaria deCiudadanía es ese complemento a las personas que están con un empleo pero que no cubren todas sus necesidades. Todas esas acciones son las que hay que poner en marcha. 

¿Qué más acciones?

Por ejemplo con las actuaciones que pongamos en marcha con la ley de la dependencia, porque muchas familias que están en esta situación no tienen los apoyos suficientes para cuidar al dependiente que tienen en casa y por eso tampoco pueden salir al mercado laboral. Son muchos factores los que inciden en las familias y tenemos que atacarlos desde todos los ámbitos. Desde Sanidad, Educación, Empleo y Bienestar Social. Para que de verdad todas las necesidades y los diferentes indicadores que hacen que esas familias estén en situación de exclusión social podamos, junto con ellos, sacarlos adelante.

La pasada legislatura se aprobó por unanimidad la conocida como Ley Trans canaria, pero está recurrida ¿La pondrán en marcha?

En su día fuimos pioneras en aprobar esa ley en Canarias. Creo que la estatal ha fallado en algo importante que es la falta de consenso. Todas las leyes que saquemos desde nuestra consejería deben venir con ese amplio consenso que permita ponerlas en marcha. También tenemos unas limitaciones legislativas en cuestiones que no son de nuestra competencia. Hay que ser precavidos, seguiremos fomentando todas las políticas que permitan acceder a sus derechos a las personas trans y van a contar con mi total apoyo. Seguiremos con nuestra hoja de ruta, poniendo en marcha todas las prestaciones, ayudas y políticas que sean necesarias para lograr la plena inclusión de todas las personas y colectivos de Canarias. Sin dar ningún paso atrás en los derechos conseguidos y consolidados. Eso lo tengo clarísimo.

¿Seguirán las mismas líneas de actuación contra la violencia de género?

Sí. Mantendremos todas las líneas que teníamos puestas en marcha, las subvenciones y ayudas a las entidades y centros que trabajan con ellas, seguiremos potenciando el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del 112 Canarias y el apoyo a las víctimas de trata. Contando siempre con las entidades que trabajan con ellas y con las víctimas para que nos digan si esas líneas de prestaciones y acciones son útiles o es necesario poner en funcionamiento más. También la educación de la ciudadanía, la puesta en valor y sobre todo la denuncia de esas situaciones de maltrato y de violencia de género.

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