El 1-1-2 recibe 481 avisos de personas con discapacidad durante seis meses

De las 1.668 llamadas por violencia de género que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2) gestionó en los primeros ocho meses de 2023, un 18% más que en el mismo periodo del pasado año, 481 afectaron a personas con una discapacidad entre marzo y agosto. Esto significa que de las 54 alertas que se recibieron al día, 2,6 afectaron a ciudadanos que padecen alguna limitación. El último dato, el referido a agosto, dejó 75 alertas en las dos provincias, justo las mismas que se tramitaron en junio (75) y en la misma línea de lo que sucedió en mayo (76) y marzo (77). Las estadísticas de abril (95) y julio (83) fueron mucho peores, según el último informe elaborado por el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Tenerife y Gran Canaria

Las islas de Tenerife (30) y Gran Canaria (39) acapararon la mayoría de las situaciones de urgencia que se dieron en agosto. Las cinco restantes se tramitaron en La Palma (3), Lanzarote (2) y Fuerteventura (1). Sólo en La Gomera y en El Hierro no se contabilizaron incidencias. A nivel regional, las personas con discapacidad que más recurrieron a la sala del 1-1-2 para denunciar una situación de violencia de género estaban afectadas en gran medida por una anomalía mental (29), un diagnóstico múltiple (11), un déficit físico motor (10), intelectual (8), física orgánica (6) o sensorial visual (2). En nueve ocasiones no se especificó el tipo de discapacidad que tenía la persona que supuestamente que percibió o sufrió una situación de riesgo.

Un trastorno de tipo mental fue, de largo, el segmento de discapacitados que más veces recurrió al 1-1-2 en seis meses para solicitar ayuda: de las 481 llamadas telefónicas 210 estaban relacionadas con personas con un coeficiente menor a 70. En agosto, con 29 avisos, se dio el segundo dato más bajo de esta serie por detrás del registro de marzo (28) y en una franja alejada del peor pico del año, que se dio en abril (51). Los meses de julio (33), junio (34) y mayo (35) se acumularon más de un centenar de avisos.

En medio año también se atendieron en Canarias 92 avisos vinculados con un problema físico motor; 69 con un retraso físico orgánico; 32 con uno mental; 31 por una limitación múltiple, ocho por una enfermedad sensorial visual y cuatro por una cuestión sensorial auditiva. En 35 ocasiones no se pudo definir la discapacidad de la persona que necesitaba ayuda.

De todos los casos atendidos, en 149 había un hijo que presentaba alguna discapacidad

Otro de los valores del informe elaborado por el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género tiene que ver con los hijos de las personas que fueron atendidas por el 1-1-2. Y es que en los últimos seis meses se tramitaron 149 llamadas en la que una víctima al menos tenía un hijo afectado por una discapacidad. En abril y mayo los recursos policiales y sanitarios prestaron auxilio a 32 personas, en cada vez, con un descendiente con discapacidad. En el resto de los meses que se tomaron como referencia la cifra bajó: agosto (19); junio (20); julio (22) y marzo (24). El número de hijos de personas con discapacidad que no presentaban ninguna anomalía se situó en este periodo de tiempo en 1.227.

Un informe de la Fundación ONCE pone de manifiesto que una de cada tres personas con discapacidad sufre violencia machista en España. Su posición de vulnerabilidad y, sobre todo, las dificultades que éstas tienen para poder denunciar situaciones de peligro aumenta considerablemente las posibilidades de que una conducta agresiva se repita en el tiempo de manera sistemática: el Parlamento Europeo acaba de hacer público un estudio en el que se pone de manifiesto que el riesgo de convertirte en una víctima de la violencia de género es cuatro veces mayor para en una persona limitada que en el resto de la población.

Otro dato que empeora este análisis pone de manifiesto que el 20% de las mujeres asesinadas el pasado año en España tenía alguna discapacidad, una realidad que aparece reflejada en una macroencuesta de Violencia contra la Mujer en la que, además, se indica que en algunas comunidades hay porcentajes que van del 18,1% al 31,1% que certifican que una mujer con discapacidad fue obligada a mantener sexo en contra de su voluntad.

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