El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, alerta del riesgo de debilitar el poder judicial ante la presión política y mediática

La jornada contará con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con una ponencia titulada “Constitución, equilibrio de poderes y legitimidad democrática”

Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas

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La Provincia

Bajo el lema “De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI”, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos y el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid celebran el próximo 2 de junio una nueva edición del Encuentro Jurídico CONSEJO GENERAL - ICOGAM, que en esta ocasión pondrá el foco en la creciente tensión entre el poder judicial y la política en las democracias contemporáneas.

El evento reunirá en Madrid a magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, expertos jurídicos, responsables institucionales y figuras del ámbito informativo, en un espacio de análisis y diálogo sobre los retos que enfrenta el Estado de Derecho en contextos polarizados.

Vivimos un momento en que la justicia ya no es solo intérprete de la ley, sino árbitro forzado de conflictos políticos. Y esa centralidad tiene costes”, explica el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero. La jornada reflexionará sobre fenómenos como la judicialización de la política, el lawfare, el desprestigio del poder judicial y las consecuencias que ello tiene sobre su legitimidad y credibilidad.

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Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, ha señalado que “estamos viviendo una etapa en la que el poder judicial ha dejado de ser un actor discreto para convertirse en protagonista del debate político. Le pedimos que sea imparcial, pero también que se pronuncie sobre los asuntos más divisivos de la sociedad. Esa paradoja erosiona su autoridad y lo convierte en blanco de presiones e intereses. Por eso, desde las profesiones jurídicas queremos abrir este debate con rigor y responsabilidad, para defender la independencia judicial como pilar esencial de la democracia.”

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