El juez que investiga la supuesta estafa en los donativos para el tratamiento de Nadia abrió una nueva causa en la que imputa a los progenitores los delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual, a raíz de las fotografías de la menor encontradas por los Mossos d'Esquadra.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lérida), que interrogó ayer viernes a los progenitores sobre el contenido de estas fotografías, acordó mantener todas las medidas cautelares adoptadas hasta el momento: el padre seguirá en prisión y la madre en libertad provisional y sólo podrá visitar los fines de semana a la niña, de 11 años, que está a cargo de una tía.

En un auto redactado tras la comparecencia de los padres, que respondieron a las preguntas de todas las partes, el juez acordó abrir un nuevo procedimiento en el que Fernando Blanco y Margarita Garau tienen la condición de investigados por los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual.

El juez separó la investigación sobre la estafa de la de los supuestos delitos sexuales después de que los Mossos d'Esquadra localizaran en un lápiz de memoria intervenido a la pareja fotografías de carácter sexual en las que aparecía la menor, en algunas de ellas desnuda y, en otras, mientras sus padres mantenían relaciones sexuales. Según el abogado de la familia, Alberto Martín, que todavía sigue defendiendo tanto al padre como a la madre, los acusados alegaron ante el juez que nunca llevaron a cabo ningún acto en perjuicio de su hija y que no se tomaron fotografías practicando sexo de forma que la niña lo pudiera ver.

Por otra parte, la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor de Baleares abrió un expediente informativo sobre el caso de Nadia, a la que considera perjudicada primero por sus padres pero también objeto de un proceso de "revictimización" por la difusión de datos personales y el acoso de los medios de comunicación.

El organismo público balear, competente debido a que la niña nació y vivió en Mallorca, y reside actualmente también en la isla, hizo ayer un llamamiento "a la responsabilidad colectiva para proteger" a la menor.