La Fiscalía de Madrid pide nueve años y tres meses de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, por crear una red para obtener información policial con el objetivo de hacerse pasar por un alto cargo del Estado y ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, el fiscal Alfonso San Román le acusa de los delitos de integración en grupo criminal, un delito continuado de revelación y descubrimiento de secreto, otro de violación de secretos y un delito de cohecho activo. Pide, además, una multa de 54.000 euros para él y de 4.500 euros para el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande, al que imputa un delito de violación de secretos.

Junto a ellos, el fiscal solicita una pena de ocho años y seis meses de prisión para los policías municipales Jorge G. H. y Felipe G. S., además de multa de 11.110 euros, por los delitos de integración en grupo criminal, un delito continuado de revelación y descubrimiento de secreto y otro de cohecho pasivo.

Y dos años y ocho meses de cárcel más multa de 5.400 euros para el guardia civil adscrito a Casa Real Francisco Javier S. por descubrimiento y revelación de secretos.

La Fiscalía señala que Gómez Iglesias durante 2014 pidió información sobre la titularidad de matrículas de vehículos a los policías municipales Jorge G. H. y Felipe G. S., quienes accedieron a la base de datos de Tráfico fuera de los supuestos en que ellos están autorizados.

Estos datos eran utilizados por Francisco Nicolás para contactar con los titulares de las matrículas, a quienes "les hacía creer que tenía estrecha relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas". A ellos "les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas con la única finalidad de obtener dinero por una intermediación ficticia". Luego, Gómez Iglesias repartía las ganancias con los dos agentes municipales, con quienes creó un grupo de Whatssap llamado Departamento Seguridad Nacional, en el que se concretaba el dinero a repartir por cada una de las colaboraciones.

Con ellos consultó cuatro matrículas, entre ellas las de dos empresarios, y luego hizo lo mismo otras dos veces más, con el guardia civil adscrito a Casa Real y con García Grande, quien le comentó que la matrícula por la que pregunta no correspondía a ningún coche del Ayuntamiento.