Los guardias civiles que intervinieron la noche del 8 de febrero de 2021 para tratar de calmar los altercados en el complejo turístico de Puerto Bello, en Puerto Rico, describen la situación que se encontraron "como de película de Tarantino", en palabras de uno de ellos. Los agentes han coincidido este miércoles, en la segunda sesión del juicio en contra de uno de los cuatro detenidos por el tumulto -el único mayor de edad- en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en que las instalaciones parecían una zona de guerra con cristales rotos, muebles tirados por todos lados, sangre en las paredes y el suelo, en donde también se había vertido agua con jabón, y barricadas para impedir su avance. El procedimiento ha quedado visto para sentencia.
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía se ha ratificado en lo dispuesto en el escrito de acusación y ha asegurado que la participación del encausado, A. H., en los hechos ha sido acreditada por los testimonios de dos cuidadores en concreto que le señalaron como uno de los jóvenes migrantes que se dedicaron a lanzar mobiliario por las ventanas del complejo. También ha insistido en que los delitos de daños y atentado contra la autoridad también han quedado probados en base a los testimonios de los guardias civiles que participaron y de las imágenes que se sacaron en el escenario de los hechos. En opinión de la fiscal "el acusado solo ha negado los hechos" pero en ningún momento ha afirmado tener malas relaciones con sus cuidadores, por lo que no existe ningún condicionante que reste credibilidad a los testimonios de los testigos.
Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el delito de atentado. Asimismo, por el delito de daños, piden una multa de 7.200 euros a razón de 12 euros diarios durante veinte meses, así como el abono de las costas procesales. Por último, en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la empresa propietaria del complejo de apartamentos en la cantidad de 10.092,42 euros, de la que responderá subsidiariamente el Gobierno de Canarias, al ser el encargado de la tutela de los menores.
Por su parte, el letrado de la defensa ha solicitado una sentencia absolutoria ya que entiende que hay "ciertas incongruencias y contradicciones" en las declaraciones de los testigos que dicen haber visto a A. H. como instigador de la revuelta. El abogado se ha basado en la declaración del acusado, que este martes indicó que solo trató de mediar en una discusión entre algunos de los residentes para frenar el motín, y que luego se escondió al ver que la situación se descontrolaba, como tantos otros de los 185 menores que se alojaban en el complejo en ese momento. "No hay imágenes ni grabaciones en las que se vea a mi defendido instigando a sus compañeros o tirando cualquier objeto con intención de atentar contra la autoridad o de atacar el patrimonio del recinto", ha agregado.
En el derecho a la última palabra, el acusado ha defendido que lo único que hizo fue "portarse bien y tratar de hacer un favor" a los dos compañeros que estaban discutiendo, para luego recordar que ha pasado un año y cinco meses en la cárcel "sin saber por qué" y que espera que se le trate con ecuanimidad porque cree en la justicia española.
Una docena de guardias civiles han declarado en la segunda sesión del juicio, así como uno de los cuidadores del centro gestionado por la ONG Respuesta Social Siglo XXI, quien ha confirmado que vio al encausado portar un palo de madera con el que hacía "gestos amenazantes" a los menores, pero que no llegó a golpear a ninguno de ellos, así como tirar una mesa de salón por una de las ventanas y que está "al 100% seguro que fue él". Solo dos de los trabajadores del centro que han pasado por el juicio pudieron relacionar directamente al acusado con los hechos, al verle tirar muebles y microondas por los balcones, no así el resto, aunque una de las empleadas aseguró haberlo visto en la habitación en la que comenzó la trifulca.
Según la versión de los agentes, aquella fue la segunda vez durante la noche que acudían al complejo de apartamentos por problemas con sus residentes. En la segunda ocasión, ya con una alteración del orden más grave, también acudió una unidad de intervención pertrechada con equipos de seguridad, que vieron desde la calle cómo se habían tirado muebles y electrodomésticos a la carretera, el vallado perimetral estaba en el suelo y varios menores corrían por la azotea y pasaban de balcón a balcón portando palos de madera o acero y cadenas.
Uno de ellos ha apuntado que en 30 años de servicio, "no había participado en una intervención como esta", mientras que muchos han calificado lo que ocurrió aquella noche en el interior del establecimiento como "de guerra literal". "Aquello se había salido de madres", ha aseverado otro de ellos, quien ha explicado que decidieron actuar tras escuchar gritos de auxilio de los trabajadores que estaban en la recepción, asustados, y que tuvieron que salir de allí cubriéndose las cabezas con trozos de madera o sus propias manos para evitar que impactaran los objetos que les tiraban.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
