El que fuera presidente de una comunidad de propietarios en la localidad de Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, entre 2005 y 2015 ha negado este viernes haberse apropiado ilícitamente de 21.500 euros de la cuenta mancomunada y ha cargado las responsabilidades sobre el administrador de la finca, y también acusado, de quien ha asegurado que tenía pleno control en la gestión diaria de la junta. Un tercer encausado, abogado de los vecinos en el momento de los hechos, ha rechazado su participación aludiendo a que fue engañado para firmar un documento con el que se quería esconder el presunto delito.
El expresidente de la comunidad de vecinos, sita en la avenida de Tirajana de Playa del Inglés, ha admitido ante el juez del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que recibió cantidades de dinero en su cuenta entre 2010 y 2011 procedentes de la cuenta comunitaria como devolución de un préstamo que hizo en 2007 al no disponer el edificio de dinero suficiente para afrontar una renovación urgente. No obstante, desde diciembre de 2006 ya se había firmado un documento en el que se acordaba dicho crédito. Su defensa ha concluido que no se ha demostrado la "intencionalidad" que haya podido tener el hombre, natural de Holanda, para hacerse con ese dinero, ya que su situación económica es boyante, sino que, al contrario, trató de hacer un favor al resto de propietarios. Finalmente, ha indicado que toda la gestión se delegaba en la figura del administrador.
Este hombre, por su parte, ha afirmado que fue únicamente auxiliar administrativo y que todas las gestiones que hacía estaban ordenadas y supervisadas por los presidentes de la comunidad. Además, a diferencia de lo dicho por el otro acusado, ha asegurado que el líder de la junta de propietarios hablaba fluidamente español y pasaba largas temporadas en la isla, al tiempo que ha contado que las transferencias se hicieron a su propia cuenta porque "era más rápido" a la hora de devolver el dinero prestado al estar en el mismo banco que la mancomunada, y que ese fue su "único fallo".
Un tercer acusado, abogado de la comunidad entre 2006 y 2009, ha dicho que fue engañado a la hora de firmar un documento acreditativo del préstamo presuntamente fraudulento, y que no tuvo ningún tipo de participación ni beneficio en estos hechos, los cuales desconocía hasta ser llamado como testigo en este proceso. El juicio ha quedado visto para sentencia.
