La cascada de peticiones de revisión de penas tras la aprobación de la denominada Ley del Solo sí es sí comienza a caer sobre las audiencias de Canarias. Al menos 16 solicitudes han planteado los abogados o condenados ante la Audiencia de Las Palmas, que han sido trasladadas a la Fiscalía para que emita los preceptivos informes antes de llevarlos ante los tribunales para que decidan si acceden o no a estas pretensiones. Para unificar criterios, los magistrados de las tres secciones penales del órgano provincial se reunirán este viernes.
Hasta el momento, y según ha podido saber este periódico, existen al menos 16 peticiones que han partido de la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por Emilio Moya, que a su vez preside el órgano provincial. Estas se suman a las que también han presentado en las otras dos secciones penales -la Primera y la Segunda-, si bien desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no se ha querido dar una cifra exacta porque "el dato no solo sería impreciso, sino que podría quedar obsoleto de inmediato" ante el aluvión de casos que están llegando a los tribunales.
Lo que sí han admitido desde el Alto Tribunal autonómico es que han llegado "algunas" de estas peticiones, tanto en la provincia oriental como en la occidental, y que todas ellas se encuentran "en estudio", pendientes del informe que emita Fiscalía. El Ministerio público ya emitió este lunes un decreto en el que fija el posicionamiento que seguirán todos los fiscales del país en esta materia. Lo que se establece es que solo procederá la revisión cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal.
Fuentes de la Fiscalía provincial de Las Palmas han apuntado a este periódico que acaban de recibir esas primeras 16 peticiones de la Sección Sexta y que, presumiblemente, en los próximos días lleguen muchas más, por lo que están ahora comenzando su análisis caso por caso. En principio, acatarán el decreto que llega desde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para fijar su postura.
El embrollo de la normativa
La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como Ley del Solo sí es sí, elimina el abuso sexual del Código Penal y establece que todo ataque de este tipo es agresión sexual. Entró en vigor el pasado 7 de octubre, pero las resoluciones judiciales basadas en su aplicación han llegado en los últimos días. Su aplicación puede obligar a rebajar las condenas ya impuestas a violadores en algunos supuestos determinados, lo que ha generado gran alarma social ante el goteo de revisiones que se han ido produciendo. Esto es así debido a que se han producido cambios técnicos en las horquillas de las penas que introdujo esta nueva legislación en el Código Penal, sobre todo en asuntos relacionados con delitos sexuales a menores.
Y es que la justicia española tiene como uno de sus principios que las leyes se apliquen con carácter retroactivo si resultan más beneficiosas para el reo, lo que ha provocado estas revisiones a la baja de muchas condenas en distintas partes del país.
Hasta trata de blancas
El TSJC ha insistido en que no todas estas peticiones de revisión terminarán prosperando, ya que una cosa es que los abogados defensores soliciten estos exámenes de las condenas y otra que los órganos judiciales accedan a ellas. Al final, serán los tribunales los que tengan la última palabra al respecto.
De hecho, fuentes consultadas por este periódico, han destacado que, entre las peticiones de revisión que han llegado estos días a la audiencia provincial se encuentra incluso un caso de trata de blancas, que nada tiene que ver con los delitos sexuales que son susceptibles de examen por la nueva ley. Es por ello, que pese a que puedan llegar muchos asuntos, no todos ellos van a ser analizados. Algo en lo que coincide el Ministerio fiscal.
También desde la Abogacía hay muchos movimientos estos días, ya que no pocos letrados se encuentran revisando sentencias en contra de sus defendidos para sondear la posibilidad de pedir estas revisiones. Uno de ellos es el abogado Manuel Pérez Toledo, que anunció a este periódico que en las próximas jornadas presentará un escrito en este sentido.
