La abogada de la familia de Romina Celeste Núñez, Emilia Zaballos, presentó esta semana una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los retrasos que ha sufrido el caso desde que comenzó la instrucción en enero de 2019, y que han concluido con la puesta en libertad del acusado de asesinarla la madrugada de Año Nuevo de ese año, Raúl D. C., al cumplirse cuatro años en preventiva -el máximo que permite la ley-.
La letrada madrileña también ha criticado, en un vídeo difundido este sábado, el informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que concluía que no se habían producido ningún parón durante el procedimiento judicial, defendiendo el trabajo de las juezas que ha tenido la instrucción en este tiempo. Para Zaballos, el magistrado designado por la sala de Gobierno del Alto Tribunal autonómico para investigar esta situación, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, "está tapando, está justificando" a las juezas de instrucción de Arrecife.
"Se lava las manos el presidente de la Audiencia Provincial de las Palmas", ha reprochado la abogada, quien luego ha insistido en que no es posible exigir más medios y personal -uno de los puntos de los que consta el informe del TSJC- a otras instituciones, en este caso al Instituto de Medicina Legal, cuando "el primero que se tiene que plantear ser eficiente es el propio Emilio Moya". Los medios de los que se disponen, ha agregado, "tienen que ser buenos, efectivos, y si su trabajo lo están haciendo mal, tienen que ser sancionados y no encubiertos y protegidos".
Más reclamaciones
Además de ante el CGPJ, la abogada ha anunciado también que presentará sendas reclamaciones ante el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado. Para Zaballos, también el fiscal del caso -actualmente el delegado de Violencia de Género en Las Palmas, Jesús Lomba- tiene parte de culpa en los retrasos por haber permitido que la instrucción se "relajara" y no avanzara con la agilidad necesaria para la gravedad del caso. Además, critica a los letrados de la defensa de Raúl D. C. por haber presentado una batería de recursos y medios que considera abusivos y excesivos y que, en su opinión, "solo pretendían que se llegara a esta situación y su cliente saliera de prisión".
"A día de hoy, el fiscal no se ha visto ni siquiera el audio o la grabación de la reconstrucción de los hechos, me consta que no conoce el procedimiento íntegramente y en el nivel de conocimiento que requiere un asunto de esta gravedad", señaló Zaballos en ese vídeo, para luego volver a recriminar a Lomba que no se haya puesto en contacto con los abogados desde que asumiera el caso por parte del Ministerio público. "Estamos muy disconformes con el trabajo que está realizando, ante la forma y la falta de acción por parte del fiscal, cuya función es defender a la sociedad". concluyó.