Un abogado, obligado a devolver 17.000 euros tras estafar a uno de sus clientes en Canarias
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le ha condenado a diez meses de cárcel por estafa al ofrecerle sus servicios para gestionar un divorcio

Imagen de archivo
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un abogado natural de Almería a diez meses de cárcel y a devolver 17.050 euros más los intereses a una clienta de La Laguna que le entregó esa cantidad de dinero para gestionar un divorcio y que luego resultó estafada. La sala ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación de daño, en cuanto a que antes del juicio ya entregó el dinero defraudado.
El Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones iniciales al tener en cuenta que se había reintegrado la cantidad estafada, y pidió la inhabilitación para ejercer como letrado durante el tiempo que dure la condena, así como una multa de 450 euros. Por ello, finalmente se aceptó una sentencia de conformidad entre las partes, con lo que ésta es firme.
El abogado había sido condenado en dos ocasiones anteriores por los juzgados de lo Penal de Almería por los delitos de apropiación indebida, en una ocasión a un año y seis meses en 2015, y en 2017 a un año y nueve meses, en la otra. Esta última se suspendió la pena por un plazo de tres años, siempre y cuando no volviera a delinquir en ese tiempo.
Ahora la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife da por probado que se aprovechó de la confianza que depositó en él una mujer que contrató sus servicios profesionales para tramitar un divorcio ante los juzgados, y conseguir la propiedad de la casa que mantenía con su marido.
Con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, el 5 de julio de 2019 le solicitó diversas cantidades hasta sumar los mencionados 17.050 euros, haciéndole creer que se trataba de una provisión de fondos.
De esa manera la víctima realizó ingresos en la cuenta del acusado durante julio y agosto de ese año por valor de 250 euros, 1.800, 8.500 y 6.500, sin que llevara a cabo ningún tipo de gestión comprometida ni devolviese el dinero hasta que se presentó la demanda.
Antes de llevarse a cabo el juicio la defensa y el Ministerio Fiscal llegaron al acuerdo de aceptar la mencionada sentencia, teniendo en cuenta que en ese momento ya se había devuelto el dinero.
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