Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia analiza un recurso de la defensa de Pablo Quintero en el caso de acoso

La Fiscalía solicita para el encausado una pena de siete meses de prisión e indemnización de 20.000 euros a la víctima

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia

La Audiencia Provincial de Las Palmas se encuentra analizando en la actualidad un recurso de apelación presentado por la defensa de quien fuera director de gabinete del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Quintero, contra el auto del juez por el que la causa pasa a procedimiento abreviado. Este documento recoge la descripción del delito que, según el instructor, se podría haber cometido en base a los datos que se han recopilado hasta el momento.

Quintero fue destituido como director de gabinete de Augusto Hidalgo en noviembre de 2021, después de conocerse la denuncia de una trabajadora del Consistorio por presunto acoso laboral. La instrucción para esclarecer estos hechos comenzó semanas después y, tras practicar diversas pruebas, el juez ha decidido dictar este auto de procedimiento abreviado, dando un paso más en el proceso, en el que ahora se tendrá que decidir si se llega a abrir juicio oral la causa queda sobreseída. El recurso presentado por su defensa no tiene efectos suspensivos y, de hecho, la Fiscalía ha calificado los hechos en su escrito de acusación.

"Clima de tensión sexual"

Según el Ministerio Público, Pablo Quintero fue sometiendo a la trabajadora municipal «a un clima de tensión sexual y a una continua sensación de malestar, incomodidad, angustia y ansiedad, sin que la misma pudiera expresar su negativa a tales actos por el clima de temor y miedo a que el encausado la despidiera fulminantemente». Durante su etapa en el Ayuntamiento, el encausado le llegaba a hacer comentarios sobre su forma de vestir o sobre partes de su cuerpo, llegándole a llamar «mojigata» o decirle que tenía «un culo muy bonito». También la invitó a comidas en restaurantes de la isla, así como a viajes a Madrid o Tenerife que, según el fiscal, eran pagados con dinero municipal.

Por estos hechos, calificados como acoso sexual laboral, la Fiscalía solicita una pena de siete meses de prisión, así como una indemnización de 20.000 euros a la víctima por el daño psicológico causado.

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