Miguel Ángel Ramírez asegura que dará "pruebas contundentes" de su inocencia

El empresario Miguel Ángel Ramírez aseguró este jueves que aportará las «pruebas necesarias y contundentes» sobre su inocencia durante el juicio en su contra por un presunto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda de 36,6 millones de euros entre 2012 y 2017. Por estos hechos, cometidos mientras estaba vinculado con Seguridad Integral Canaria, la Fiscalía solicita penas que suman 21 años de cárcel y 105 millones de euros en multas. También se sentará en el banquillo Héctor de Armas, que fue administrador de la compañía y a quien se le piden 14 años de prisión y 79,32 millones de euros de multa. 

El también presidente de la UD Las Palmas dijo sentirse «tranquilo» de cara al inicio de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas el próximo martes. En una entrevista que concedió este jueves a la TV Canaria, indicó que, después de una década de instrucción, va a poder defenderse, «hablar y aportar las pruebas» junto con su equipo de abogados. Espera con ello, que las cosas «queden claras» y que se pueda acreditar que no es culpable de los hechos irregulares que le imputa la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos.

"Ficciones" en las nóminas

Según el Ministerio Público, tanto Ramírez como De Armas recurrieron a «una serie de ficciones» en las nóminas que abonaban al personal de la compañía articuladas con el objetivo de superar las dificultades que generó la crisis económica de 2008. Sin embargo, las acusaciones -la Seguridad Social, Hacienda, el sindicato USO y la propia Fiscalía- creen que, realmente, eran maniobras para eludir pagos al Fisco y obtener, de esta manera, más beneficios.

Ramírez también habló sobre uno de los jueces instructores de esta macrocausa, Salvador Alba, que está en prisión desde octubre de 2022 para cumplir una pena de seis años y medio por prevaricación, cohecho y falsedad documental. «Es un poco inverosímil que el juez instructor esté en la cárcel y a mí se me vaya ahora a juzgar», remató el empresario. Y es que Alba fue condenado al intentar usar este procedimiento para acabar con la carrera de su compañera, y acutal delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.