Los peritos discrepan sobre una mala praxis de dos dentistas en Las Palmas de Gran Canaria

Mientras que el experto judicial entiende que existieron decisiones erróneas que conllevaron que la paciente perdiera una decena de piezas entre las dos odontólogas, otros tres consideran que no se les puede achacar a ellas

Las dos dentistas acusadas de una presunta mala praxis sobre una paciente declaran este lunes ante el juez

Las dos dentistas acusadas de una presunta mala praxis sobre una paciente declaran este lunes ante el juez / LP/DLP

Dos dentistas se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de lesiones imprudentes después de que la Fiscalía les impute haber cometido mala praxis en un tratamiento dental que provocó a la paciente la pérdida de varias piezas dentales y tener que colocarse implantes. Durante el juicio, celebrado en un juzgado de lo penal de Las Palmas de Gran Canaria, se evidenciaron discrepancias entre los peritos que acudieron al mismo. Mientras que el experto judicial consideró en su informe que ambas odontólogas no fueron todo lo precisas que hubieran debido en el proceso, otros tres -traídos por las defensas- entendieron que no se les puede achacar a ellas lo que pasó porque dieron los pasos necesarios para tratar de ofrecer la mejor solución posible a la víctima.

La víctima denunció los hechos en el año 2015 pero, tras recibir en 2021 una indemnización de 45.000 euros en virtud de un acuerdo extrajudicial con las acusadas, se retiró del proceso penal, por lo que la única acusación en la vista fue la de Fiscalía. Según relató ante el juez, en 2010, una clínica dental del barrio capitalino de Siete Palmas le recomendó que iniciara un tratamiento de ortodoncia, a lo que accedió. Admitió que en un primer momento le hicieron un estudio con sendas radiografías para ver si era apta o no para el procedimiento pero que no se le hizo ninguna más hasta casi el final, habiendo pasado ya tres años con el aparato puesto y tras referir dolor en las encías. En ese momento, esta primera ortodoncista no vio ninguna anomalía y, por este motivo y por cuestiones de estética, acudió a otro sitio para tener una segunda opinión.

En esa segunda clínica, en el mismo barrio, le hicieron más radiografías y detectaron que tenía problemas en numerosas piezas que tenían una "gran movilidad" y en otras que presentaban reabsorción de las raíces, es decir, estas habían menguado y eran casi inexistentes, poniendo en riesgo la supervivencia del diente. La solución que le dieron fue extraer esas piezas y colocarle implantes, a lo que ella accedió. Este tratamiento se lo hizo la segunda acusada. A preguntas de su abogado, reconoció que los tornillos que le había puesto seguían en buen estado y no había tenido ningún problema una década después.

Un pronóstico "incierto" sobre los dientes

Los cuatro peritos, que declararon al mismo tiempo, coincidieron en su valoración sobre el estado en el que encontraron a la víctima para hacer sus informes: malo sin paliativos. Sin embargo, no lo hicieron respecto de la responsabilidad que tenían las profesionales que la trataron en ese situación problemática, ni sobre los pasos que se dieron para solventarlo. El judicial indicó que había otras formas para tratarla que no fuera con exodoncias porque "el grado de afección de la raíz no era tan alto como para extraer" los dientes. Sin embargo, otro rechazó esta apreciación, tachándola de "muy subjetiva". La reabsorción de raíces se mide por grados, siendo el más preocupante el cuarto y el menos, el primero. Para este experto, "una reabsorción de grado tres no tiene buen futuro a medio plazo", por lo que lo mejor era extraer las piezas debido a que sobre ellas se cernía "un pronóstico incierto" y para evitar mayores padecimientos a la mujer.

La víctima durante su declaración ante el juez, bajo la atenta mirada, en primer plano, de las dos acusadas

La víctima durante su declaración ante el juez, bajo la atenta mirada, en primer plano, de las dos acusadas / LP/DLP

Sobre el trabajo de la ortodoncista que le puso el bracket al principio, el perito judicial lo valoró como "eficaz" en cuanto al estudio y planteamiento terapéutico, que fue "casi completo". Pese a ello, "falló" a la hora de realizar radiografías periódicas sobre el estado de la boca de la paciente durante el tratamiento. De haberse llevado a cabo, podría haber detectado esa reabsorción de raíces y podría haber modificado el proceso para evitar mayores daños.

Pero otros dos peritos de parte que también llevaron a cabo sus informes rechazaron esta conclusión. Uno de ellos aseguró que no es "necesario" hacer radiografías cada cierto tiempo porque pueden ser "incluso peligrosas para la salud del paciente". Este mismo experto trató de desacreditar al judicial por la bibliografía que había empleado para sostener sus afirmaciones, ya que "muchas referencias de las que habla son experimentos sobre ratas, que poco tienen que ver con una persona". La otra, por su parte, señaló que no es "preceptivo" hacer esas ortopantomografías durante el tratamiento, solo existen "recomendaciones". Y que, además, "no hubo sintomatología que pudiera justificar el practicarlas" porque la paciente no refirió esas molestias hasta tres años después.

Defienden su actuación

Por su parte, las dos acusadas defendieron su actuación. La ortodoncista resaltó que la víctima "no se quejó en ningún momento del tratamiento, salvo en una visita rutinaria" y que no pudo seguir tratándole su problema de reabsorción, el cual detectó en la última radiografía que le hizo -en enero de 2014-, porque decidió abandonar el tratamiento antes. Por su parte, la implantóloga que la trató pocos meses después en la otra clínica comentó que, antes de actuar, consultó con otros profesionales, tanto del lugar en el que trabajaba como externos, para ver si coincidían en el diagnóstico, y así fue. "La paciente me refirió que quería quitarse los dientes y ponerse implantes porque ya no podía más", aseveró.

La fiscal María Eugenia Rodríguez durante el juicio celebrado este lunes junto al titular del juzgado de lo Penal 4

La fiscal María Eugenia Rodríguez durante el juicio celebrado este lunes junto al titular del juzgado de lo Penal 4 / LP/DLP

Pese a ello, la Fiscalía mantuvo su acusación y solicitó al juez que dictara una sentencia condenatoria por un delito de lesiones imprudentes con la atenuante de dilaciones indebidas. No así las defensas, que solicitaron ambas la libre absolución en base del principio de intervención mínima en la vía penal, al entender que este caso no tenía la entidad para haber llegado hasta aquí. "Se les está dando el trato de vulgares criminales a dos profesionales: a una por no hacer unas radiografías que no son obligatorias y a otra sin que sepamos todavía por qué", asestó uno de los abogados. El juicio quedó visto para sentencia.