La vía de escape de más de mil canarios para saldar sus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en el salvavidas de miles de familias que, por cualquier motivo, sufren un varapalo económico y se ven sumidas en grandes deudas que no son capaces de afrontar. La reforma más reciente, aprobada a finales del año pasado, ha simplificado el proceso y ha llevado a que el número de canarios que recurren a esta opción se duplique en los dos primeros trimestres del año. 

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que el número de personas naturales no empresarias —es decir, los ciudadanos de a pie— que se han acogido a concursos de acreedores para hacer frente a los impagos es de 510 entre abril y junio. Sumados a las 493 personas registradas entre enero y marzo, la cifra de personas asciende a 1.003 en lo que va de año, más del doble que lo registrado en 2022. 

Los abogados especializados en este tipo de casos no se extrañan un ápice por el rápido crecimiento que ha experimentado esta vía. "Viniendo de donde venimos, como es una crisis sanitaria y económica importante, muchos autónomos que tenían su negocio tuvieron que cerrar y pasaron a ser gente desempleada que, por intentar mantener esa actividad, tienen un montón de deudas que han dejado de pagar porque es inviable", explicó Samuel Díaz, abogado experto de Canarias Sin Deuda y responsable de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los abogados señalan al impacto de la crisis sanitaria y económica como motivo del cambio

El letrado señala que los casos que llegan al despacho son muy variopintos, aunque "los más habituales son los de personas que llevaban un elevado nivel de vida, con letras de hipotecas de 1.500 o 2.000 euros y unos gastos familiares de unos 3.000 euros". En estos supuestos, los beneficiarios cobraban rentas altas, de entre 7.000 y 10.000 euros mensuales, y por determinadas causas han visto mermados sus ingresos, han sido despedidos o han tenido que hacer frente a situaciones médicas complejas mientras seguían haciendo frente a letras muy altas. 

"Pueden ser cuatro o cinco personas, pero para ese afectado se le ha acabado su vida. La suerte es que lleguen aquí porque hay muchas personas que no llegan y que, por desgracia, toman otro camino", reseñó el responsable del despacho.

Dairen Hernández, asesora de Somos Robinjud, sostiene que los casos más difíciles de resolver son los de aquellas personas que acuden para ampararse en la ley pero tienen bienes, como viviendas, coches, u otros objetos de valor, con los que pueden salvar una parte de las deudas, pero que por determinados motivos no quieren deshacerse de ellos. "Si tiene bienes es muy probable que tenga que venderlos para poder pagar esas facturas acumuladas, mientras que la persona que no los tiene tampoco cuenta con esa vía de escape", informó la asesora.

Una ley más simple

El despacho ya ha notado el crecimiento del volumen de trabajo, conforme más personas se van familiarizando con la ley y los procesos para acogerse a la misma se van simplificando. Un cambio que también ha notado Acerina Almeida, abogada especializada que destaca cómo esta vía permite a los clientes solventar una mala gestión en su empresa y les abre oportunidades de salir adelante.

La letrada subraya que lo más común es que los afectados acudan en las últimas fases del proceso de endeudamiento, cuando las facturas sin pagar y las llamadas de los acreedores se convierten en una constante. "Es su último recurso", apunta. 

Eloy Rodríguez, abogado especializado de Libertad Sin Deudas, señala que es habitual que llegue gente deseperada que les pregunta "si es mejor quitarse la vida o iniciar el procedimiento para acogerse a la ley". El letrado recuerda casos de deudas millonarias, en las que los afectados inician obras arquitectónicas que les meten en un agujero al que no saben cómo han llegado.

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