Dos años de cárcel para el procurador que sustrajo más de 60.000 euros

El procurador de tribunales que se apropió de más de 60.000 euros de las cuantías que expedían los juzgados de Gran Canaria por retenciones y embargos a deudores ha revelado en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia de Las Palmas que sustrajo el dinero porque padecía ludopatía. La Fiscalía y la acusación particular, que representa a la entidad para la que trabajaba el acusado, han llegado a un acuerdo con la defensa para rebajar la petición de pena a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, al aplicar la atenuante de adicción al juego y determinar que el encausado tenía alteradas sus capacidades cognitivas cuando cometió los hechos.

Alfredo C. C. reconoció ante los magistrados de la Sección Primera que los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria,Telde, Arucas y San Bartolomé de Tirajana expedían órdenes de pago a su favor y él, en lugar de ingresar el dinero íntegro en la cuenta del Banco Santander de la entidad para la que trabajaba, incorporó una parte de las cuantías de 39 procedimientos judiciales a su patrimonio personal, sin que hasta la fecha las haya restituido.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un procurador acusado de apropiación indebida

"Nada más me ingresaban el dinero en la cuenta, ya estaba jugando desde el móvil", confesó el acusado en la vista oral. Tenía un plazo de dos días desde que le llegaban los pagos a su cuenta corriente para hacerlos llegar a su empresa. Alfredo C. C. contó que gastó "en el juego" el dinero que había sustraído y que por ese motivo no pudo devolver las cantidades que correspondían a los clientes. La fecha de la comisión de los hechos, que va desde 2008 hasta 2016, se corresponde con la época en la que se empezó a agravar su enfermedad.

"Nada más me ingresaban el dinero en la cuenta, ya estaba jugando desde el móvil", reveló el acusado

La Fiscalía describe 39 casos en los que participó el encausado y en los que se apropió de unas cuantías que van desde los 11 hasta los 8.000 euros. El 17 de noviembre de 2017, cuando la empresa tuvo constancia de estas intervenciones, revocó el poder que tenía el acusado en las gestiones de la entidad.

La pena de prisión quedó fijada en dos años con la conformidad alcanzada entre las partes, pero la determinación de la indemnización a pagar será resuelta por los magistrados en la sentencia, así como la persona o entidad que responderá como responsable civil. En la profesión de procurador es obligatorio contratar un seguro de póliza de responsabilidad civil, que el acusado tenía contratado en el momento de la denuncia con la compañía de seguros Catalana Occidente.

Seguro de responsabilidad civil

La fiscal reclamó que la entidad debe responder de forma solidaria al pago de la indemnización debido a los servicios contratados. La acusación particular solicitó a su vez que Catalana Occidente se haga cargo de la responsabilidad civil y se remitió a las sentencias del Tribunal Supremo que fallan a favor de que las terceras personas implicadas en este tipo de procedimientos tienen derecho a reclamar directamente a la aseguradora.

Los magistrados resolverán en la sentencia la cuantía de la indemnización a pagar

Sin embargo, el representante legal de la compañía aseguró que la entidad "no puede cubrir la responsabilidad civil" porque en las cláusulas del contrato "lo que se cubre es lo que normativamente se considera dentro de las funciones propias del procurador". Dentro de esas labores, añadió el letrado, "no se establece recibir transferencias e ingresarlas en las cuentas de los clientes". Por tanto, insiste en que la indemnización a pagar se derive a la aseguradora anterior.

La cuantía total que solicita la Fiscalía asciende a 62.451 euros al sumar tres procedimientos más a los descritos en su escrito de acusación, mientras que la entidad perjudicada por las acciones del acusado suma una petición de 65.529 euros. Las partes también han acordado, en cuanto a la responsabilidad penal, una multa con una cuota diaria de seis euros durante seis meses y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.