La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un procurador acusado de apropiación indebida

Un procurador de tribunales que operaba en cuatro partidos judiciales de Gran Canaria se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida. La Fiscalía sostiene que entre 2008 y 2016 el acusado se hizo con un total de 65.137 euros procedentes de las cuantías que expedían los juzgados por retenciones y embargos a deudores. Estas acciones se repitieron, según la acusación, en 36 ocasiones.

El juicio tendrá lugar el próximo miércoles ante la Audiencia de Las Palmas. El Ministerio Fiscal reclama una multa de ocho euros diarios durante 11 meses y, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice 61.154 euros a la empresa para la que trabajaba el encausado, identificado con las iniciales A. C. C.

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El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que el acusado fue contratado el ocho de febrero de 2013 por una empresa dedicada a la gestión de las adquisiciones de deudas. Allí se encargaba de realizar actividades relacionadas con la representación procesal de litigios y se ocupaba de la tramitación de todos los asuntos que hubiera en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, TeldeArucas y San Bartolomé de Tirajana.

Las cantidades de las que supuestamente se apropió en cada caso van desde los 11 hasta los 7.000 euros

La versión del Ministerio Fiscal es que los juzgados de la Isla expedían órdenes de pago a favor del acusado en los casos de retenciones y embargos a deudores. "El acusado, en lugar de ingresar las cantidades totales obtenidas en la cuenta" en la que figuraba como titular la entidad para la que trabajaba, "incorporó parte de las cantidades a su patrimonio sin que hasta la fecha las haya restituido", mantiene la acusación.

Despedido por la empresa

En cada uno de los 36 casos que describe el escrito de acusación, las cantidades de las que supuestamente se apropió oscilan entre los 11 y los 7.000 euros. La empresa revocó el poder que tenía el acusado en las gestiones de la entidad el 17 de noviembre de 2017 como consecuencia de estos hechos.

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En el momento en el que A. C. C. fue denunciado tenía contratado un seguro de póliza de responsabilidad civil, por lo que la Fiscalía contempla en su escrito que sea dicha compañía o el acusado quien abone la indemnización solicitada.