A juicio un corredor de seguros de Vecindario por no abonar las pólizas de sus clientes

La Audiencia de Las Palmas juzga este miércoles a un corredor de seguros, responsable de un establecimiento abierto al público en Vecindario, que está acusado de cobrar a sus clientes las cuantías necesarias para pagar las primas de las pólizas y quedarse con el dinero en lugar de abonarlo a las compañías correspondientes. Esto provocó, según la Fiscalía, que las aseguradoras anularan las pólizas y los usuarios quedaran sin sus vehículos asegurados y sin recibir de vuelta las cantidades abonadas.

El Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y seis meses de cárcel al atribuir al encausado, que responde a las iniciales S. C. R., la autoría de un delito de estafa. También reclama la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la inhabilitación especial para ejercer como corredor, mediador o agente de seguros durante el mismo periodo.

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El escrito de acusación de la Fiscalía describe que el acusado actuaba como intermediario en la contratación de pólizas de seguros entre los usuarios y las compañías y sostiene que, entre los años 2015 y 2016, recibió "distintas cantidades de dinero de varios clientes" destinadas al abono de las primas de las pólizas de seguro contratadas por los mismos, "sin que las llevara a efecto".

La Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de cárcel para el encausado

Los tres clientes que denunciaron los hechos, identificados con los nombres ficticios de Marta, Alberto y Luisa, contrataron los seguros obligatorios de responsabilidad civil para sus vehículos con las compañías Plus Ultra Seguros y Generali. Según el Ministerio Fiscal, pagaron cuantías de 227, 300 y 251 euros en el establecimiento del encausado para pólizas con una vigencia anual.

"Lejos de cumplir con su obligación, el acusado con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hizo suyas las cantidades percibidas, de modo que dejó impagadas las primas de las pólizas de los seguros contratados, por lo que las respectivas compañías aseguradoras anularon las pólizas correspondientes", sostiene la acusación.

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Tuvieron que pagar las multas

En consecuencia, el 28 de noviembre de 2016 el marido de Luisa fue multado cuando circulaba con el vehículo de su esposa por la GC-200 por no tener contratado el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Luisa tuvo que pagar, por tanto, una multa de 1.500 euros.

Alberto fue sancionado por el mismo motivo y en la misma cuantía el seis de febrero de 2017 cuando circulaba por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Dado que ese día tuvo un siniestro y en el interior del turismo viajaba su esposa, la cual estaba embarazada, esta tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital y, como no tenía el seguro en vigor, el Servicio Canario de Salud le cobró un cargo de 228 euros.

Por tanto, la Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 2.027 euros a Alberto, 227 euros a Marta y 1.751 euros a Luisa.