El presidente de la COAG se acoge a su derecho a no declarar ante la Fiscalía

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández Reyes, se acogió a su derecho a no declarar tras ser citado este lunes por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia contra él como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, por supuestamente haber utilizado a una decena de menores migrantes del centro Tagoror para trabajar en las fincas de este empresario agrícola. Su hija Elisa Hernández, quien fuera directora de ese centro -que pertecene a la ONG Oportunidad de Vida, que preside el propio Rafael Hernández y está tutelada por el Gobierno de Canarias- también tuvo que presentarse ante la fiscal de Extranjería, Teseida García, y al igual que su padre se acogió a su derecho a no declarar. Tampoco quisieron realizar, ninguno de los dos, declaraciones a los periodistas tras salir de la Ciudad de la Justicia, a la que accedieron a las 09.25 y que abandonaron a las 13.15 horas.

Durante la jornada de este lunes también fueron citados a declarar dos testigos de los hechos que investiga la Fiscalía de Extranjería: Juan Carlos G.S., extrabajador de la ONG, y su esposa, una ingeniera agrónoma que trabajó como profesora en los cursos que ofrecía la COAG. Sobre las 09.15 horas, minutos antes de su comparecencia ante la fiscal, el testigo aseguró que ha sido la diana de «un hostigamiento judicial fuerte y duro» después de que se hayan conocido los hechos que son objeto de varias denuncias, la primera de ellas, afirmó, interpuesta por un vecino de la finca de Rafael Hernández cuando vio que había menores trabajando.

Fue esa denuncia la que dio pie a que la Inspección de Trabajo y la Policía de Extranjería se personasen el 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG, en la que encontraron a los diez menores migrantes trabajando. Esos hechos, afirmó el testigo, derivaron en un expediente sancionador contra Hernández que ha sido suspendido de forma cautelar a causa de la investigación penal que la Fiscalía ha abierto contra él. «La prueba más contundente que hay de esta situación es que Inspección de Trabajo y la Policía constata que los diez menores trabajaban en la finca, y a partir de ahí [los investigados] diseñan una estrategia para salir airosos», apunta. Tras encontrarlos y comprobar que pertenecían al centro Tagoror, los agentes se desplazaron hasta la entidad, donde el personal argumentó que se trataba de jóvenes que participaban en un programa de formación en agricultura.

El testigo señala que tres de las denuncias que ha recibido son de Rafael Hernández y de su hija

Juan Carlos G.S. matizó que tanto él como su esposa son «testigos secundarios que no están dispuestos a tapar algunas cosas» y que llegan para «colaborar y esclarecer todos los hechos». En sus declaraciones a los medios de comunicación, explicó que en ese hostigamiento judicial ya le han presentado seis denuncias -de las cuales no revela su contenido- que son «falsas con testigos falsos y con el apoyo de algunos trabajadores» de la ONG que preside Hernández, tres de ellas por parte del presidente de la COAG y de su hija. «Parece que no quieren asumir la responsabilidad de lo que están haciendo pero no va a ser una estrategia que les vaya a funcionar», señaló a los periodistas, al tiempo que explicó que ya se han desmontado algunas de esas denuncias con «testigos de peso» como «jueces y otros de más arriba», por lo que esa actuación tendrá «consecuencias» para sus autores.

El testigo también señaló que existe documentación y grabaciones de conversaciones con Rafael Hernández y con el secretario ejecutivo de la COAG, Manuel Redondo, en las que ambos reconocen los hechos que se investigan. Redondo está citado a declarar mañana, al igual que el yerno del presidente de la COAG, que era el responsable de la finca donde se hallaron a los menores, y una trabajadora del centro de menores.

Tras comparecer ante la Fiscalía, Juan Carlos G.S. explicó que puso en conocimiento del Ministerio Público que ha sido imposible localizar en los últimos días a otro de los testigos, uno de los menores que presuntamente trabajaron en la finca de Hernández.

El pasado mes de marzo, Hernández negó en declaraciones a Efe haber contratado «de manera ilegal a nadie».