La Fiscalía abre una investigación contra el presidente de la COAG

La Fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández Reyes, por un presunto delito de trata de personas. La fiscal de Extranjería, Teseida García, ha abierto las diligencias previas tras tener conocimiento de la denuncia presentada por un extrabajador del centro Tagoror, que dirige la hija de Hernández y está bajo la tutela del Gobierno de Canarias, por las presuntas contrataciones de menores migrantes para trabajar en las fincas del empresario agrícola.

La Inspección de Trabajo abrió un expediente contra el presidente de la COAG a raíz de estos hechos, que fueron investigados por un registro realizado meses atrás en el centro de internamiento. La denuncia que estudia el Ministerio Público apunta a posibles colaboradores, como el yerno de Hernández o una trabajadora social vinculada a la Asociación Oportunidades de Vida, que preside el empresario.

Los documentos aportados a la causa revelan que los menores salían del centro a primera hora de la mañana y regresaban por la tarde, pasando hasta diez horas fuera. El motivo que argumentaban era que los menores iban a la finca a trabajar y recibían cuantías que rondaban los 20 euros en conceptos de incentivos por formación.

Los documentos aportados apuntan a que los jóvenes hacían largas jornadas de trabajos agrícolas

Antes de tener conocimiento de la investigación del Ministerio Público, Hernández negó en declaraciones a Efe haber contratado "de manera ilegal a nadie" y afirmó que estaba "sorprendido" después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes. Añadió que la COAG impartió el año pasado un programa formativo para menores migrantes con el fin de buscarles una salida, el cual contó con una subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias.

El empresario admitió que Inspección de Trabajo efectuó una inspección en junio de 2023 en su finca y ha alegado que aportó toda la documentación que le fue requerida, si bien ha manifestado que desde entonces no ha tenido ninguna comunicación al respecto, por lo que ha considerado que "todo obedece a una confusión que se resolverá, pero el daño está hecho".

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó este jueves a Efe de que estaban a la espera de información detallada de estos hechos por parte de la Fiscalía y de que les notifiquen si tienen que tomar alguna medida cautelar, como podría ser el cierre del centro.