Teresa Velázquez, la principal imputada en la trama orquestada en torno a la venta ficticia de inmuebles y vehículos de alto estanding, invitó en varias ocasiones a algunos de sus clientes a unas vacaciones con todos los gastos pagados en complejos alojativos del sur de la isla para evitar que estos se saliesen del negocio de las subastas.
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Así al menos se desprende de las declaraciones efectuadas en sede judicial por varios de los afectados en una estafa que, por el momento, se ha saldado con 81 personas afectadas y un 'botín' de más de tres millones de euros con el que trata de dar, desde hace cinco meses y con una amplia batería de herramientas, el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.
Según se deduce de la lectura de los diez primeros tomos desclasificados de la causa -en la que hay otras cinco personas imputadas, todas ellas en libertad con cargos- Velázquez consiguió con este gesto apaciguar las quejas de algunos de los inversores que llevaban semanas y hasta meses esperando a que les entregasen los bungalós e inmuebles prometidos a precios de ganga si aportaban diversas cantidades en concepto de depósito.
La empresaria, en prisión provisional desde el 24 de septiembre, recurrió a todo tipo de excusas -desde problemas de salud, cambios de planes de última hora, viajes, imprevistos en los juzgados, interferencias de otros inversores e inexistencia de certificados de eficiencia energética- para posponer las visitas que sus compradores querían realizar a los inmuebles elegidos. Cuando la presión se volvía insostenible, en algunos casos los acompañaba a viviendas que se hallaban ocupadas [les decía que estaban rentadas]. En otros, se decantaba por otra táctica: la de regalarles una o dos semanas de descanso en Parque Bali, uno de los complejos alojativos más conocidos del sur de Gran Canaria y al que los agentes siguieron a la propia Velázquez, asidua al mismo, en uno de los cuatro días en los que fue sometida a estricta vigilancia y seguimiento después del 'pinchazo' de su teléfono móvil. En uno de esos obsequios a sus clientes, que le permitían ganar tiempo antes de tener que enfrentarse a una devolución de fondos, se produjeron gastos por 2.000 euros.
La pirámide que la empresaria creó prácticamente de la nada, utilizando como primer cebo la venta de coches, se desmoronó en el momento en el que dos de esos inversores, Manuel Hernández Fleitas y Miguel Cazorla León, se hartaron de promesas y denunciaron la presunta estafa tras desembolsar 506.000 euros y no haber recibido ni casas ni coches.
La propietaria de la firma Canarias de Gestión de Embargos, que ha reconocido ante la jueza Virginia Peña la autoría de los hechos, se dedicó a amasar grandes cantidades de dinero sin acudir ni a una sola subasta para batallar en una puja. El negocio, a priori transparente y en el que sus compradores no cometieron en ningún momento alguna ilegalidad, pues todas las entregas quedaron documentadas con recibos y contratos, se sostenía gracias a que la llegada de nuevos participantes en el mismo permitían a Teresa atender las reclamaciones de los inversores más antiguos y descontentos.
En la relación de afectados destacan, por su relevancia pública, la diputada nacional Pilar Grande y el exconsejero insular Antonio Sánchez Báez, pero también se encuentran funcionarios, empresarios locales, trabajadores de entidades bancarias, policías locales y hasta panaderos y pensionistas.