El Ayuntamiento de Telde incumple parte de los deberes marcados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una condición que aceptó la institución municipal para recibir en 2014 un crédito del ICO de 71,5 millones de euros, a pagar en 20 años. Dos años después de ese acuerdo, un informe de la interventora, Paloma Goig Alique, funcionaria habilitada nacional, sobre el primer trimestre de este año detecta que no se han puesto en marcha varias de las medidas previstas en el plan de ajuste que exigía el ministro Cristóbal Montoro a la corporación local.
Así, según el informe del primer trimestre de 2016 que fue presentado ayer en el pleno ordinario de mayo [la sesión se retrasó por la petición de Coalición Canaria y Más por Telde para acudir a un congreso sobre la Ley del Suelo], la habilitada nacional expone que la medida 1 del plan de ajuste contempla "para el año 2016 se acordó la no reposición de la mayoría del personal que se jubilara en el ejercicio. A fecha actual [el escrito es de 20 de abril de 2016] no es posible valorar el cumplimiento de esta medida".
Otro papa caliente del acuerdo entre Ayuntamiento y Hacienda es la disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad del capital social, no permitiéndose una ampliación del capital social con cargo a la entidad local. La interventora indica que en la memoria enviada al Ministerio "se señalaba que se adoptarían varias medidas en relación a las empresas dependientes municipales sin que hasta la fecha se hayan cumplido. Respecto a la empresa pública Fomentas, SA, se preveía la supresión de la encomienda de vivienda en el plazo de tres años".
Ese plazo expirará el 20 de junio de 2017, pero en diversas declaraciones la alcaldesa, Carmen Hernández, ha barajado cambiar la función de la empresa pública, ya que no promociona la construcción de viviendas dada la crisis en el sector y encomendarle nuevas tareas, lo que dejaría abierta las puertas a su salvación, de ejecutarse esa decisión, ahora en embrión.
De hecho, Fomentas está prestando sus servicios en el ARRU de Jinámar, el proyecto de rehabilitación de viviendas del Valle que supone un desembolso de 1,5 millones de euros de las arcas locales, que según fuentes consultadas, se comerá gran parte de los ingresos previstos por el IBI, otro de los temas más polémicos de la sesión plenaria, el catastrazo, que sacó a relucir el recurrente argumento de echar las culpas a los demás.
Aquí no quedan las apreciaciones de la habilitada nacional sobre el cumplimiento de las medidas del plan de ajuste. En su informe, señala que según la orden del departamento de Montoro, se debe proceder a la correcta financiación de las tasas y precios públicos y que con la aprobación del nuevo plan revisado los servicios públicos que se presten se autofinancien con tasas y precios públicos. Para ello, según la interventora, deberá elaborarse un estudio de costes de los distintos servicios que permitan cumplir esto en 2018.
