José Saramago afirmó que "la corrupción está en el aire que respiramos". No sé si el Nobel y autor de Memorial del convento se refería a los alisios que soplan sobre el Archipiélago canario, pero mucho me temo que sí. Saramago, como buen portugués de Azinhaga, sabe también que en su país la palabra dimisión está en el diccionario para ser utilizada. En España, y por supuesto en Canarias, sencillamente se ignora.

Recuerdo que hace años se desplomó en Portugal un puente con más de un siglo de antigüedad al paso de una guagua. En el accidente perdieron la vida siete personas y una veintena quedaron heridas. En cuestión de horas, el ministro de Fomento y el director general de carreteras presentaron la dimisión. Recientemente el ministro de Economía le llamó cornudo a un diputado de izquierdas utilizando los dedos índices de sus manos durante un debate parlamentario. Al día siguiente se disculpó y presentó la dimisión irrevocable. Estos dos gestos serían impensables en España y en nuestras islas. Ahí van dos ejemplos.

El primero es el 'caso Tebeto', posiblemente el mayor escándalo, y también el mayor sablazo, que se ha dado en Canarias a lo largo de su historia. Y todo porque un empresario, Rafael Bittini, armado de paciencia y de habilidad para obtener dinero fácil por la vía judicial, logra en julio de 2008 que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia que condena al Gobierno autonómico a pagar algo más de 92 millones de euros (unos 15.300 millones de las antiguas pesetas) más los intereses, que suman cerca de nueve millones de euros cada año.

Cinco presidentes, con sus correspondientes consejeros de Industria y directores generales, han pasado desde que Bittini iniciara hace 16 años el proceso administrativo. Sin embargo, por desidia o dejadez los responsables políticos han sido incapaces de defender los intereses autonómicos; es decir, el dinero de todos los canarios. Que yo sepa, ninguno de esos administradores públicos que a lo largo de estos años han sido corresponsables de tal desaguisado han reconocido su error y pedido disculpas. Y los que siguen ocupando otro cargo político en la actualidad no han presentado la dimisión.

El segundo ejemplo es más kitsch, como su protagonista. Me refiero a José Alberto González Reverón, flamante alcalde del municipio de Arona, al que medio Tenerife le ha solicitado a través del teléfono móvil algún tipo de favor, desde la retirada de una multa de tráfico a la contratación de una recomendada en la guardería municipal. Las peticiones de empresarios, funcionarios, políticos o ciudadanos de a pie fueron grabadas hace un año por la Guardia Civil en el marco de la Operación Edén que investigaba irregularidades urbanísticas en Arona. Entre los peticionarios figuraba hasta el mismísimo presidente canario, Paulino Rivero, que le pedía a González Reverón que se ocupara de una sobrina que se iba a presentar a unas oposiciones para ingresar en la Policía Local. ¿Es esto normal? Que uno sepa, nadie ha pedido disculpas o presentado la dimisión.

Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Como las estrafalarias permutas en Telde o las sentencias judiciales que afectan a las arcas de Las Palmas de Gran Canaria por convenios urbanísticos de los años del pelotazo. Pero nadie dimite ni reconoce sus errores. De todo este espectáculo es testigo una sociedad civil que cada vez está más desmotivada y desmoralizada. Y esta desmoralización ciudadana es lo preocupante porque lo otro, la corrupción, ya es tan normal como el aire que respiramos.