Intersindical Canaria (IC), en un comunicado remitido ayer a este periódico, se declara un sindicato "solidario con los procesos de liberación de otros pueblos" y asegura que "defiende los intereses de todas las personas que viven y trabajan en Canarias".
Ante las noticias aparecidas en LA PROVINCIA/DLP, en las que se informaba de una reunión en la sede de IC con miembros de un colectivo denominado Askapena, vinculado al entorno de la banda terrorista ETA, el comunicado, que elude en todo momento cualquier cita directa a Askapena, afirma lo siguiente: "Hemos de destacar nuestro esfuerzo cotidiano por mantener las demandas de apoyo y colaboración con múltiples colectivos y organizaciones, tanto del ámbito canario como de otros territorios del mundo", porque, afirman, "el principio de solidaridad nos lleva a compartir con miles de organizaciones la lucha contra la explotación de las personas y la opresión de los pueblos. Asimismo, luchamos contra la guerra y denunciamos la persecución de sindicalistas y de personas que defienden los derechos humanos".
IC también asegura "que se han realizado actividades de solidaridad en nuestros locales con diversos pueblos, todas con convocatoria pública previa y sin ocultamiento alguno de sus contenidos", para decir, en relación con la información de LA PROVINCIA/DLP, que "la utilización mediática, un año después, de una conferencia sólo puede ampararse en intereses oscuros y contrarios al interés general, que no pueden ser otros que los de intentar desprestigiar el trabajo de IC y a las personas involucradas en el mismo, en un momento de especial sensibilidad en el que nuestra organización plantea acciones de lucha tan importantes como la convocatoria de una huelga general en la Administración Pública Canaria".
Afirma también que "IC rechaza cualquier intento de asociación de nuestro sindicato con actividades ilícitas. Defendemos el derecho de nuestros afiliados a reunirse con aquellas personas u organizaciones que deseen, mantener opiniones o presentarse a candidaturas políticas, sin más limitaciones que las propias del Estado de Derecho".
También recoge el escrito que "no conseguirán que esta organización deje de denunciar la falta de medidas para luchar contra el paro y la pobreza", y "anunciamos tajantemente que no conseguirán amedrentarnos y continuaremos con la denuncia pública de sus oscuros intereses, bien sean del Ejecutivo canario o del español, probables inductores de esta campaña de difamación".
