La drástica reducción de liberados sindicales aplicada en varias comunidades autónomas no llegará a Canarias, por lo menos a corto plazo. Según las cifras oficiales del Ejecutivo, actualmente la Comunidad Autónoma cuenta con 253 liberados, de los cuales 193 son delegados sindicales elegidos por los trabajadores, mientras que los 60 restantes son los llamados liberados institucionales, una figura que sólo tienen las centrales mayoritarias -CC OO y UGT- como consecuencia de los acuerdos de la concertación social con Gobierno y empresarios. El Ejecutivo redujo un 34% el número de liberados en el primer trimestre de este año, suprimiendo 132 plazas, y no existe intención de eliminar los liberados institucionales como sí han hecho Baleares o Castilla-La Mancha.
El Gabinete canario presume de ser una de las comunidades autónomas que cuentan con menos liberados sindicales en relación con el número de empleados públicos tras el recorte realizado a principios de año. En las medidas de ahorro del gasto corriente de la Administración autonómica puestas en marcha en noviembre de 2010, se suspendieron los artículos de los convenios firmados con los sindicatos de empleados públicos referidos a las dispensas de asistencia al trabajo para actividades sindicales y se limita el uso del número de las horas sindicales.
Junto a estas medidas el Ejecutivo planteó reducir los liberados a la mitad. En ese momento había en la Comunidad Autónoma 385 sindicalistas y representantes de los trabajadores. Tras la ruptura de las negociaciones entre el Ejecutivo y las centrales se decidió finalmente que regresaran a sus puestos de trabajo 132 liberados.
Los sindicatos presentaron de forma conjunta y los liberados de forma individual sendos recursos ante los tribunales por vulneración de los derechos sindicales establecidos en la ley y aún están pendientes de que se pronuncien.
